La Generalitat anuncia el rechazo frontal a los juzgados de proximidad

La propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) incluye la creación de juzgados de proximidad en núcleos de población con más de 250.000 habitantes o capitales de provincia con más de 175.000 o bien aquellos que tengan más de 75.000 y en los que concurran circunstancias especiales. La Generalitat ha anunciado la oposición a la iniciativa. Fernando de Rosa, secretario autonómico de Justicia, justificó ayer su "rechazo frontal al modelo, entre otras cosas, porque crea ciudadanos de segunda".

El borrador fija la implantación en la Comunidad Valenciana de 78 juzgados de Proximidad. Estarán en Valencia, Alicante, Castellón, Elche, Orihuela y Torrevieja. De Rosa considera que los grandes núcleos no son los que necesitan más juzgados. Sostiene que son otros partidos judiciales, como Sagunto, Carlet, Massamagrell, Llíria o Vinaròs los que sufren importantes retrasos porque necesitan que se aumente la planta judicial. "La Generalitat se posiciona frontalmente en contra de los juzgados de proximidad, a favor de la justicia próxima. Este modelo crea ciudadanos de primera, en grandes núcleos de población que ya tienen más dotaciones, y de segunda, aquellos que viven en partidos judiciales cuyas necesidades no están atendidas".

Las críticas a la reforma que acabará por introducir los juzgados de proximidad en seis de los 36 partidos judiciales va más allá por parte de la Generalitat. Según De Rosa, se produce una desprofesionalización del juez dado que un abogado con seis años de experiencia, "prácticamente recién licenciado", puede optar a esa plaza. De Rosa considera que la judicatura debe estar abierta a la entrada de profesionales, y para eso, dijo, están otras vías, pero "garantizando siempre una solvencia acreditada por una dilatada carrera". Otro de los escollos está en la financiación de estas nuevas oficinas judiciales.

De Rosa afirmó que cada nueva oficina judicial cuesta 300.000 euros y que no conoce la memoria económica de esta modificación legislativa. "El actual ministro [refiriéndose a Fernando López Aguilar, titular de Justicia], rompió el pacto de Estado por la Justicia porque las leyes, dijo, no llevaban memoria económica y no se podían aplicar así. ¿Dónde está la suya?". Fernando de Rosa también aseguró que la Generalitat no hará objeción y tendrá que asumir la ley según se apruebe en el parlamento, "pero eso nos obligará a financiar un modelo que no compartimos en detrimento de otros servicios para la justicia, que es un pilar esencial". El secretario autonómico, aunque aseguró que no pretendía demonizar al tripartito catalán, recordó que "los juzgados de proximidad estaban en la Carta de Barcelona y el Gobierno, en los acuerdos a los que ha llegado, ha asumido eso y lo implanta para todos".

Los juzgados de proximidad abordarán conciliación, mediación, monitorios, desahucios, tercerías de dominio, juicios de faltas, multas menores de 1.000 euros. Todo ello afectará a los módulos de productividad que en parte determinan el salario de los jueces, admitió De Rosa, aunque no lo valoró.