El Parlamento catalán reclama la gestión de El Prat y reprueba a la Generalitat

La crisis política desencadenada por el colapso del aeropuerto del Prat regresó ayer de Madrid a Barcelona, donde el Gobierno catalán recibió un varapalo por parte de la Diputación Permanente del Parlamento, que reprobó con dureza su actuación ante el caos sufrido por cerca de 130.000 ciudadanos. CiU, ERC y PP hicieron frente común para evidenciar la minoría que sustenta al Ejecutivo autónomo, al que acusaron de "taparse las vergüenzas" en prejuicio de los afectados. El delegado del Gobierno, Joan Rangel, comparecerá ante la Cámara en los próximos días.

A menos de tres meses de las elecciones, las formaciones políticas de la insólita alianza de convergentes, republicanos y populares, dejaron atrás viejos desencuentros y unieron sus votos para sacar adelante sus propuestas de resolución y evidenciar la minoría en que se encuentran los dos partidos del Gobierno catalán: Partit dels Socialistes (PSC) e Iniciativa Verds (ICV-EUiA), que eximían de responsabilidades al Ejecutivo para desviarlas hacia Iberia y AENA. En el caso de los ecosocialistas, también hacia el Ministerio de Fomento, al que tacharon de "lento y negligente".

Además, en virtud del nuevo Estatuto que entró en vigor el pasado día 9, el delegado del Gobierno, Joan Rangel, se verá obligado a comparecer la semana siguiente o la última de agosto ante el órgano que vela por los intereses del Parlamento en los periodos entre sesiones, pues todos los partidos salvo el PSC así lo requirieron en la primera reunión de la diputación permanente.

Antes de debatir las resoluciones, Rangel manifestó al presidente del Parlamento catalán, Ernest Benach, su disposición de acudir a la cita, por lo que Convergència i Unió retiró la petición de comparecencia que había vuelto a presentar después de que no prosperara la que se votó el pasado día 2.

Socialistas y ecosocialistas se quedaron solos defendiendo sus resoluciones, sin que ninguno de los partidos de la oposición apoyara siquiera los puntos que hacían referencia a la solidaridad con los afectados, al "resarcimiento inmediato" de los daños morales y económicos causados y a la exigencia de indemnizaciones.

De hecho, los embates de los republicanos contra sus ex socios de Gobierno fueron mucho más duros que los de la federación que dirige Artur Mas. El líder de Esquerra Republicana, Josep Lluís Carod, aprovechó unas declaraciones recientes del presidente de la Generalitat en que comparaba el Estatuto con una Constitución que dejaba "residual" al Estado y sentenció: "Lo que ha quedado residual en esta crisis es el Gobierno de la Generalitat". La oposición logró matemáticamente dejar maltrecho al Ejecutivo de Pasqual Maragall, a pesar de que no tiene competencias directas sobre El Prat. La alianza de CiU, ERC y PP condenó en sus resoluciones al Gobierno por "falta de previsión y de iniciativa" y por "inhibición política y operativa".

A duras penas salieron al paso de las críticas el portavoz adjunto del PSC, Joan Ferran, y el portavoz de ICV, Joan Boada, que acusaron a la oposición de aprovecharse del colapso de El Prat para hacer "demagogia" y "electoralismo". Acusación de la que se defendió el líder de la federación nacionalista, Artur Mas, quien quiso dejar claro que la exigencia de responsabilidades políticas no era una cuestión de partidismo, sino un intento de "hacer justicia".

ERC y CiU también sumaron fuerzas para reclamar el traspaso íntegro e "inmediato" de la gestión del aeropuerto de Barcelona por vía del artículo 150.2 de la Constitución, que prevé la transferencia a las autonomías de competencias reservadas al Estado. Por otro lado, PSC e ICV apoyaron la cesión apelando a lo dispuesto en el nuevo Estatuto, que garantiza la creación de un consorcio gestor pero no asegura la presencia mayoritaria de la Generalitat en su consejo de administración.