Fomento adelantará las indemnizaciones a los afectados por el cierre de El Prat

Los viajeros afectados por el cierre del aeropuerto de Barcelona el 28 de julio podrán delegar su reclamación en el Ministerio de Fomento, que adelantará las indemnizaciones y reclamará posteriormente a Iberia, a la que ha abierto un expediente por falta muy grave. La ministra Magdalena Álvarez prometió ayer en su comparecencia en el Congreso defender los derechos de los pasajeros perjudicados por la invasión de las pistas por parte de los trabajadores de tierra de Iberia en El Prat, unos incidentes que calificó de "incomprensibles, inesperados y excepcionales".

Álvarez, que comparecía a petición propia y de todos los grupos parlamentarios, señaló que su departamento había recibido hasta el miércoles 8.138 reclamaciones y 7.967 llamadas telefónicas, a la espera de recoger las interpuestas ante las compañías aéreas o bien otras administraciones. La Generalitat catalana había recabado ya 13.152 reclamaciones, la mayoría ante Iberia, hasta el fin de semana pasado. Los afectados superan los 100.000.

Mediante un real decreto ley, Fomento se hará cargo de los derechos de los afectados y adelantará las indemnizaciones. En principio pagará las cantidades mínimas que establece la normativa europea, de 250 a 600 euros, pero también las facturas de hotel u otros gastos en que hubiese incurrido el perjudicado y que sean demostrables. A cambio, los interesados cederán a Fomento su representación legal en la reclamación administrativa, para que el ministerio reclame luego a las "personas o entidades responsables de los daños".

En el frente jurídico, la ministra anunció que el Estado se personará en la causa penal abierta en un juzgado de El Prat. Además, se ha abierto un expediente de actuaciones previas para identificar a los responsables de lo sucedido y otro sancionador a Iberia por una "falta muy grave" de las contempladas en la Ley de Seguridad Aérea. La aerolínea ha explicado que se reserva el derecho de recurrir las posibles sanciones, que pueden llegar hasta 4,5 millones de euros.

La ministra anunció también que se realizarán modificaciones legales para "mejorar" la capacidad sancionadora del ministerio.

Álvarez, que estuvo más suelta y contundente que de costumbre, hizo un relato de lo sucedido a raíz de que AENA concediese las licencias de asistencia en tierra (handling) el 24 de julio. Ese mismo día, el secretario general de Transportes, Fernando Palao, y el presidente de AENA, Manuel Azuaga, se reunieron con los representantes federales de Transportes de CC OO y UGT, que según la ministra no expresaron ninguna inquietud. El día 27 hubo otro encuentro entre Palao y el director de Aeropuertos de AENA, Javier Marín, con los líderes sindicales en Cataluña. De esas reuniones no se podía "inferir ninguna crispación, ni siquiera como amenaza".

Por eso, el abandono de los puestos de trabajo en la mañana del 28 por parte de los empleados de Iberia y la invasión de las pistas tras una asamblea "ignorando toda norma legal" no era "previsible", a juicio de la ministra. Explicó que su ministerio se centró en atender a los pasajeros, conseguir el desalojo de las pistas y mediar entre la compañía y los trabajadores para que negociasen. Álvarez relató que solicitó al presidente de Iberia, Fernando Conte, que viajase a Barcelona y defendió la decisión de adjudicar la asistencia en tierra a otras compañías. "Hemos tenido la valentía o la osadía de no dárselo [el handling] al que siempre lo había tenido", dijo.