El Gobierno niega que hubiese riesgos para la seguridad aérea
No hubo riesgo para la seguridad aérea. La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, puso ayer mucho énfasis en negar que durante la crisis provocada por la invasión de las pistas de El Prat por trabajadores de Iberia se pusiese en peligro la integridad de quienes esperaban en los aviones (15, según la titular de Fomento, 30 según informaron los controladores) para aterrizar en Barcelona. "Podría haberlo habido", pero no fue así ya que funcionaron todos los protocolos previstos para estas situaciones.
Álvarez acusó al diputado del PP Andrés Ayala de frivolidad y de "meterle miedo a la gente" y éste, en su réplica, no se arredró e insistió en que hubo "riesgo extremo para la seguridad". La ministra explicó que nueve de los aviones que coincidieron en el espacio aéreo del aeropuerto aterrizaron en Barcelona y el resto en aeródromos cercanos, sin ningún incidente gracias al "magnífico trabajo de los controladores" aéreos.
La responsable de Fomento explicó que cuando los trabajadores tomaron las pistas, había en El Prat 99 aeronaves en tierra, 11 de ellas con pasajeros dentro, y entre 20.000 y 30.000 personas dentro de la terminal.
Álvarez negó también que fuese la Guardia Civil quien instó el cierre del aeropuerto y defendió que fue su director, Fernando Echegaray, quien tomó la decisión. En el atestado de la Guardia Civil consta que cuando los trabajadores se dirigieron a la primera pista "hubo que comunicar urgentemente a torre de control que parara los vuelos que iban a salir ya que podría producirse un accidente grave".
A vueltas con el concurso
La mayoría de los grupos (a excepción del PNV y el Grupo Mixto) coincidieron en cuestionar la oportunidad de la fecha en que AENA adjudicó el concurso de asistencia en tierra y su resultado. La ministra defendió que hubiese dado igual resolver el concurso en otra fecha porque El Prat "está siempre al límite de su capacidad" y porque en vez de a pasajeros de vacaciones se hubiese afectado a viajeros de negocios.
Álvarez se irritó ostensiblemente con las dudas de los diputados acerca de la adjudicación del handling "un negocio de 800 a 1.000 millones de euros". Joan Puigcercós, de ERC, y Joan Herrera, de Izquierda Verde, le preguntaron por qué se dio a Iberia la concesión en Madrid y no en Barcelona, cuando la oferta económica era mucho mejor en el aeropuerto catalán. La ministra se congratuló de no haberse sometido "a la presión de una empresa", recordó que en un concurso la adjudicación depende también de los aspectos técnicos y de la oferta de los competidores. "Iberia quedó quinta en Barcelona y tercera en Madrid", zanjó.
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