El alcalde de Sevilla defiende que la venta de terrenos de Heineken beneficia a la ciudad

El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, salió ayer en defensa de la operación anunciada el lunes por Heineken para vender los terrenos que ocupa su factoría en Sevilla a una inmobiliaria. La multinacional cervercera ganará en la operación 279 millones de euros netos, una plusvalía notable que se apoya en la decisión del Ayuntamiento de convertir el terreno industrial que ocupa la fábrica en suelo urbanizable. La oposición criticó con dureza una operación que calificaron de "especulativa". "Heineken no va a ganar nada, quien va a ganar es Sevilla", replicó ayer Sánchez Monteseirín, quien recordó que el compromiso de la compañía es reinvertir los beneficios en una nueva planta, ya en construcción.

El Ayuntamiento de Sevilla condicionó la recalificación del suelo que ocupa la factoría de Heineken a que la compañía cervecera reinvirtiera en su nueva planta la plusvalía de cualquier operación de venta. Más aún, la Gerencia de Urbanismo postergará cualquier permiso para actuar en este suelo hasta que finalice la construcción de la nueva planta en el barrio de Torreblanca. El plan de Heineken es que esta nueva factoría, que se consolidará entre las mayores de Europa con una producción de 400 millones de litros anuales de la marca Cruzcampo, empiece a funcionar antes de fin de año y esté a pleno rendimiento en 2008.

El acuerdo con Heineken se plasmó en el plan urbanístico de la ciudad, recién aprobado. En las 17 hectáreas que ocupa la fábrica se permite la construcción de 1.962 viviendas y se reserva un 10% del suelo a usos de oficinas u hoteleros. Como recordó ayer el alcalde "un alto porcentaje" de las viviendas serán de protección oficial (854) y buena parte del suelo (un 40%) se destinará a "equipamientos públicos".

"Había riesgo de que Heineken se llevara Cruzcampo de Sevilla y, gracias a la intervención municipal, ha ocurrido lo contrario", resumió Sánchez Monteseirín. El comunicado con el que la compañía holandesa anunció la operación adelantaba que "parte" de los beneficios se destinarán a financiar las obras en la nueva factoría. Ayer, el alcalde aseguró que la plusvalía lograda será invertida "íntegramente" en la nueva factoría y Heineken "tendrá que poner más".

Según la información suministrada por la compañía, la venta de los suelos a la inmobiliaria vitoriana Urvasco le reportará un beneficio bruto de 329 millones de euros, que tras los impuestos se quedarán en 279. Un dinero que dará para financiar casi en su totalidad la construcción de la nueva planta: Heineken presupuestó en 285 millones la compra del nuevo suelo y las obras y añadió otros 35 millones para el plan de prejubilaciones asociado al traslado, que rebajará la plantilla de 393 a 225 trabajadores.

La oposición municipal ya fue muy crítica con la decisión de recalificar el uso del suelo de la fábrica de Cruzcampo. El PP y el PA se apoyaron en que la operación no estaba prevista en el proyecto inicial del PGOU. Y censuraron que los convenios urbanísticos como el de Heineken condicionaran el desarrollo del plan urbanístico. El PP centró sus críticas ayer en que el Ayuntamiento no facilitara que alguna inmobiliaria sevillana se hiciera con los terrenos. Por su parte, el portavoz andalucista, Agustín Villar, insistió en considerar la operación "un pelotazo".

"El urbanismo del PSOE huele a podrido", afirmó Villar en un comunicado. El portavoz andalucista añadió que operaciones como éstas invalidan las criticas que lanzó el PSOE sobre el "urbanismo bajo sospecha" del PA en los mandatos en los que dirigió la Gerencia de Urbanismo. El lema socialista del "urbanismo bajo sospecha" se sustentó en una operación bien distinta a ésta de Heineken: el convenio de recalificación de Tablada. Aquel convenio, aprobado con los votos del PA y el PP, reconvertía en urbanizables 350 hectáreas de un terreno que la Junta consideraba (y considera) inundable. El proyecto de las empresas propietarias preveía la construcción de 15.000 viviendas y zonas comerciales, pero ante el rechazo social y las advertencias de la Junta, el PA dio marcha atrás e inició hace cuatro años la expropiación de los terrenos para hacer en la zona un parque. El proceso jurídico aún está abierto.