Garzón les cita

Sería una ingenuidad creer que lo que importa de la manifestación anunciada por Batasuna para el próximo domingo en San Sebastián es la apelación a la autodeterminación. El lema es lo de menos; lo que cuenta es acreditar su capacidad para desafiar la suspensión judicial que pesa sobre ella. Es decir, avanzar un paso más en su pretensión de ser considerada un partido como los demás, obviando su ilegalización y suspensión de actividades; imponer su legalización por vía de hecho, sin someterse a los requisitos de la Ley de Partidos, cuya derogación exige. Por ello, tiene toda la lógica democrática, además de jurídica, lo decidido ayer por el juez Garzón.

La manifestación había sido formalmente comunicada a la autoridad gubernativa por un particular, pero anunciada públicamente por dos portavoces de Batasuna. El juez está obligado a verificar si se trata de un fraude de ley, y para ello ha citado a esos portavoces a fin de que expliquen si es suya la iniciativa de la marcha del domingo. La providencia de Garzón contiene otras especificaciones, pero eso es lo fundamental. Que condiciona la no prohibición de la manifestación al reconocimiento expreso por parte de Pernando Barrena y compañía de que ni la convocan ni la "auspician" (según el término empleado por el juez Grande-Marlaska en circunstancia similar). Y que advierte de que tendría consecuencias judiciales la eventual exhibición de signos identificativos de la organización ilegal si la marcha es finalmente autorizada. Para que lo sea, tendrán que comparecer y decir que no la convocan.

La situación actual es inestable por definición. El pulso en que se ha empeñado Batasuna impide cualquier posibilidad de flexibilidad en la aplicación de la ley en el periodo que se supone transitorio hasta su legalización. No sólo no ha dado paso alguno indicativo de su disposición a acatar la legalidad como los demás partidos, sino que pretende que sea el Estado de derecho el que se adapte a sus propios planteamientos: los que provocaron su suspensión y disolución judicial. Pero eso es un imposible lógico, e ignorarlo revela falta de realismo; si los jefes de Batasuna han hecho creer a sus bases que tal cosa era posible es que están en la luna.

La Ley de Partidos no establece limitaciones desde el punto de vista de los fines o la ideología, sino de los medios: deberán ser respetuosos con la democracia y los derechos constitucionalmente reconocidos. No podía ser legal un partido que participaba de una estructura dirigida por una organización terrorista que, por ejemplo, se consideraba con derecho a asesinar o perseguir a los miembros y candidatos de los demás partidos. Por tanto, fue una decisión justa sacar a Batasuna de la legalidad, y condicionar su regreso al abandono irreversible de la violencia por parte de ese entramado o a la ruptura con el mismo. Y mientras tal cosa no ocurra, los jueces tendrán que atenerse escuetamente a lo que marca le ley.