El Tribunal de Cuentas incumple el plazo que le marcó la Cámara para enviarle un informe

El Tribunal Vasco de Cuentas no ha entregado todavía al Parlamento el informe sobre sus dificultades para evaluar al Gobierno que debería haber remitido en julio pasado, según el mandato que la propia Cámara aprobó en un pleno celebrado el 17 de mayo. Era la segunda vez que el Legislativo realizaba la misma solicitud al entender que la respuesta enviada en la anterior ocasión por la presidenta del organismo auditor, María Asunción Macho, no respondía al requerimiento que le había hecho el pleno. La Cámara le pidió que detallase cuáles son las dificultades con las que el propio Tribunal de Cuentas asegura toparse a la hora de evaluar la eficiencia de la gestión del Ejecutivo.

El incumplimiento de este mandato de la Cámara puede convertirse en el tercer encontronazo entre el Parlamento y el Tribunal de Cuentas en medio año, si el curso político empieza el próximo mes de septiembre sin que el informe haya entrado en el registro del Legislativo. Los dos anteriores desencuentros datan del periodo de sesiones cerrado en junio.

Las relaciones en el seno del propio tribunal y de éste con la Cámara se han ido deteriorando desde su última renovación en 2002, cuando el PNV, por vez primera en los 14 años de existencia del principal órgano de control de las administraciones, dependiente del Parlamento, copó su cúpula. La presidenta, María Asunción Macho; el vicepresidente, Jesús Álvarez, y la secretaria, Begoña Marijuán, fueron propuestos por los peneuvistas, cuando siempre había existido un reparto equitativo de esos puestos entre los principales partidos.

El consenso que históricamente presidió la realización de los informes de auditoría ha desaparecido, hasta convertirse en habitual el funcionamiento a través de votaciones y la aprobación de los informes con los votos de la mayoría nacionalista (los tres consejeros elegidos por el PNV y el nombrado por EA). Frente a ellos quedan los dos consejeros designados a propuesta del PSE y el del PP.

Esta situación interna ha terminado por contaminar las relaciones entre el tribunal y el Parlamento, desde el que los grupos de la oposición le han acusado de sectarismo y dejación de competencias. Ya en 2003 se registraron los primeros reproches de la oposición, que puso en duda si la mayoría del organismo obraba para fiscalizar mejor al Gobierno o para evitarle conflictos, eliminando de sus planes de trabajo informes pedidos por la oposición que resultaban problemáticos para el Ejecutivo u otras administraciones controladas por el PNV. Entre ellos figuraban la financiación de la Feria de Muestras de Bilbao o el convenio por el que la Diputación de Vizcaya financiaba al Athletic. Macho adujo insuficiencia de medios para realizarlos.

En febrero pasado, el tribunal enmendó la plana a la Cámara al eliminar de su programa de trabajo para este año varias de las prioridades que le había fijado la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos, entre ellas fiscalizar el gasto en la promoción del plan Ibarretxe. El hecho enojó sobremanera a la oposición, que entiende que el tribunal quiere debilitar su tarea de control sobre el Ejecutivo, pese a que Macho recalcó después en una comparecencia parlamentaria en marzo que la exclusión de peticiones de la Cámara no obedece a ninguna razón política.

La proposición socialista que salió adelante el 17 de mayo pasado es copia idéntica de otra aprobada por la Cámara el 18 de noviembre de 2005. Ambas contaron con los votos del PSE, el PP y Aralar. La oposición entendió que Macho no había respondido a lo requerido por el Parlamento. En la segunda ocasión EHAK se adhirió también a la petición para reivindicar la autoridad del Parlamento sobre el órgano auditor. El PNV fracasó en su intento de impedir que la iniciativa prosperase, pese a recurrir incluso a impugnar la decisión de la Mesa de darle trámite.

El PSE pedía en noviembre, y reiteró en mayo, que la presidenta concrete las dificultades que el tribunal halla para evaluar adecuadamente la eficiacia y la eficiencia de la gestión económica del Gobierno, algo de lo que el propio órgano auditor se queja una y otra vez en sus informes. En su respuesta, Macho no las concretó. La propuesta aprobada en mayo dio un nuevo plazo de dos meses a la presidenta. Fuentes oficiales de la Cámara confirmaron a este periódico el pasado viernes que el informe aún no ha llegado y que el plazo expiró el 26 de julio. Agosto es inhábil a todos los efectos parlamentarios.