Una juez archiva una querella por prevaricación contra la edil de Latina

La titular del juzgado de Instrucción número 10 de Madrid ha sobreseído las diligencias abiertas a raíz de una querella por prevaricación y tráfico de influencias presentada por el PSOE contra la concejal de Latina, Nieves Sáez de Adana (PP), y contra el ex jefe de los servicios técnicos de ese distrito, Borja Ballarín. En un auto fechado el pasado 25 de julio, la juez María Antonia de Torres concluye que "ningún indicio existe, ni siquiera mínimo", que avale la denuncia de los socialistas. El PSOE recurrirá el auto.

La Junta Municipal de Latina, presidida por Sáez de Adana, adjudicó en 2004 y 2005 varios contratos de obras a la empresa Urbasa. La querella se centraba en dos de ellos, cuyo monto total ascendía a 21.266 euros. Los administradores de Urbasa son Beatriz Barrachina y su marido, Salvador Ballarín, hermano de Borja Ballarín, jefe de servicios técnicos de la junta cuando se produjeron las adjudicaciones.

La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas obliga a abstenerse en los concursos a los funcionarios que tengan parentesco con los dueños de las empresas que concurren. Borja Ballarín, hermano y cuñado de los administradores de Urbasa, no se abstuvo, porque, según explicó a este periódico el pasado diciembre, Sáez de Adana le aseguró que "no había problema".

Ballarín agregó entonces: "Fue violento para mí. De hecho, hasta que esta concejal llegó a Latina yo nunca invité a Urbasa a ningún procedimiento negociado. Cuando Sáez de Adana se hizo cargo de la Junta, en 2003, me dijo expresamente que tenía que invitar a Urbasa a procedimientos negociados, porque conocía a mi cuñada y consideraba que era una buena profesional".

La juez archiva la causa al concluir que la "situación funcionarial" de Ballarín no influyó en la adjudicación, y que ésta no supuso "un detrimento para la corporación local" porque la oferta de Urbasa era "la más beneficiosa para el Ayuntamiento".

"Respetamos la decisión judicial, aunque no la compartimos", afirmó ayer la edil socialista Noelia Martínez. "No sé si las pruebas son suficientes para un juez, pero políticamente cualquiera entiende que es intolerable que una junta contrate al hermano y la cuñada de un alto cargo, que encima son conocidos de la concejal", subrayó.