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La cámara reclama al Estado 3.795 millones de inversión en infraestructuras para 2007

Los empresarios catalanes empiezan a echar cuentas para evitar que el acuerdo político sobre el Estatuto se quede en agua de borrajas. La Cámara de Comercio cifró ayer en 3.795 millones de euros la inversión en infraestructuras que debe acometer el Estado en Cataluña en 2007 para cumplir el nuevo Estatuto. Se trata de un crecimiento interanual del 32%, frente a un magro 3% de incremento de las inversiones en este capítulo incluidas en los Presupuestos del Estado de 2006.

En definitiva, 724 millones más de lo que la comunidad hubiera obtenido con los criterios de inversión de los últimos presupuestos. Ése será el próximo año, a juicio de la cámara, el importe del cheque inversor destinado a paliar el déficit catalán en infraestructuras, incluido en una disposición adicional del título de financiación del Estatuto. "En el supuesto más limitado, la inversión para 2007 no puede bajar de 3.600 millones de euros", explicó Miquel Valls, presidente de la cámara. Valls eligió para lanzar este aviso unas fechas decisivas en el tempo político: el Ministerio de Economía ultima hoy la elaboración de los Presupuestos del Estado, que deben estar listos a finales de septiembre.

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El Estatuto especifica que las inversiones del Estado en Cataluña en los próximos siete años estarán vinculadas al peso del producto interior bruto (PIB) catalán en el conjunto de la economía española, que actualmente se sitúa en el 18,8%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La cámara considera que las inversiones acumuladas en el periodo 2007-2013 supondrán para Cataluña 6.200 millones más de lo que correspondería a la comunidad si se mantuviera el escenario de los presupuestos de 2006. La cifra está en la banda media de la horquilla que calcula el Departamento de Economía y Finanzas para el mismo periodo, que oscila entre 4.414 y 7.358 millones de euros, en función de si se mantienen o no las inversiones del tren de alta velocidad.

En su habitual comparecencia veraniega ante los medios de comunicación, Valls no se centró sólo en los aspectos cuantitativos. Al contrario. Una vez fijada la inversión del Estado en Cataluña para 2007, el presidente de la cámara sacó a relucir su vena más vindicativa y reclamó que el Estado ejecute "íntegramente" la inversión presupuestada. "En los últimos años la ejecución no ha ido más allá del 70%, a diferencia de lo que ocurre en Madrid", se quejó el representante del empresariado barcelonés. "Nos gustaría mucho que Fomento ejecutase, por lo menos un año, toda la obra en Cataluña, como tradicionalmente ha hecho en Madrid, lo que hace pensar en cierta discriminación", insistió.

Baja la licitación

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Valls criticó también el mayor peso de la obra pública en edificación a lo largo de los últimos años, en detrimento de las infraestructuras de transporte. Y confió en que la licitación del Estado en Cataluña "se reconduzca" en la segunda mitad del año, después de un primer semestre en el que se ha reducido el 33% respecto al mismo periodo de 2005. "Hay proyectos con retrasos de más de 30 años", aseguró, y citó algunos casos: la autovía orbital B-40, los accesos ferroviarios y viarios al puerto de Barcelona -"va a estar lista antes la ampliación del puerto y nos vamos a cansar de ver colas de camiones y contenedores varados", se quejó-, la línea de alta tensión entre España y Francia por Girona, y la reforma de la red de cercanías de Renfe.

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