El Gobierno rechaza la última propuesta para recibir las políticas activas de empleo

El acuerdo que las fuerzas del tripartito (PNV, EA y EB) alcanzaron el pasado mes de noviembre con socialistas y populares hizo pensar que la aún pendiente transferencia a Euskadi de las políticas activas de empleo, tarea que ahora desarrolla el Inem (Instituto Nacional de Empleo), se hallaba cerca. Sin embargo, esta transferencia sigue estancada. El Ministerio de Administraciones Públicas ha hecho una oferta que, pese a respetar que el coste de asumir las políticas activas se gestionara a través del Cupo, no ha sido del agrado del Gobierno vasco, que considera que la transferencia a Euskadi no se puede hacer como al resto de las comunidades autónomas.

Euskadi es todavía hoy la única comunidad autónoma que no tiene transferidas las políticas activas de empleo del Inem, situación que se repite en las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta. La transferencia no ha sido aceptada tradicionalmente por las autoridades vascas porque se ligaba a la de las políticas pasivas. Sin embargo, el pasado año se decidió desligar ambas cuestiones, aunque esta decisión no suponga una renuncia a ambas por parte del Gobierno autónomo.

Las políticas activas del Inem incluyen la intermediación y colocación en el mercado de trabajo, el fomento del empleo, la contratación laboral, la formación continua de los trabajadores y la profesional. Las políticas pasivas, mientras tanto, son las prestaciones, el dinero que pagan los trabajadores para poder realizar las primeras.

La falta de acuerdo entre las administraciones central y vasca ha supuesto que se produzca en Euskadi una situación singular de duplicidad de servicios que en ocasiones llega incluso a confundir a los ciudadanos. El Gobierno vasco ha puesto así en marcha por iniciativa de la consejería que encabeza Joseba Azkarraga, de EA, su propio servicio de empleo, Lanbide, que compite con el Inem.

Los empleados del instituto estatal estiman además que su sueldo resulta inferior en más de un 10% al de los funcionarios transferidos en otras áreas desde la Administración del Estado.

Intercambio de cartas

Ambos ejecutivos se intercambiaron cartas en marzo pasado, firmadas por el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, en las que abordaban la posibilidad de acercar posturas con respecto a la transferencia. El ministro remitió al Ejecutivo de Juan José Ibarretxe una propuesta en la que entraba en el problema de la financiación de las políticas activas, un modelo en parte similar al vigente en otras comunidades autónomas y en parte diferente, ya que establece la posibilidad de descontar del Cupo el coste global de los servicios prestada.

La respuesta que Zenarruzabeitia remitió a Sevilla cerca de un mes después fue negativa. Antes de entrar a detallar los motivos por los que el Ejecutivo de Vitoria considera que la propuesta no resulta acorde con las competencias que entiende que el Estatuto de Gernika atribuye al País Vasco, Zenarruzabeitia reprocha al Gobierno central su "nula receptividad" al acuerdo que el Gabinete del lehendakari adoptó en julio del año pasado sobre las transferencias pendientes. Zenarruzabeitia pide que se reúna la Comisión Mixta de Transferencias y asegura que no se atisba "voluntad política" para superar ese parón sobre las competencias aún no cedidas.

Zenarruzabeitia destaca después la buena voluntad de su Gobierno en la negociación al haber aceptado diferenciar la cesión de las políticas activas de las pasivas.

Agradece que se tenga en cuenta el modelo del Cupo y el Concierto, pero cree que no se respeta la "especificidad estatutaria en la materia". Así, entiende que no se han tenido en cuenta materias clave, como la creación de instrumentos de empleo y la "aplicación parcial del sistema económico aplicable" en los traspasos a Euskadi. La vicelehendakari plantea junto a ello en su misiva dudas sobre el sistema de subvenciones y los programas que se financian a través de bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social.

Euskadi solicita un tratamiento financiero diferente. Acepta la legislación estatal, aunque sin ser meros gestores de programas, aún asumiendo los criterios que se fijen en la conferencia sectorial, salvo los "de reparto". Zenarruzabeitia agrega que los fondos de formación continua deben ir destinados a Hobetuz, la correspondiente fundación vasca, paralizada desde hace ya tres años.

El Gobierno vasco no cuestiona la titularidad de las cuotas de la Seguridad Social, salvo la destinada a formación. También cree que la regulación debe ser estatal. Sin embargo, establece que se fije una fórmula para que el dinero que se recaude por la cuota de formación se transfiera al País Vasco o se minore del Cupo el 6,24 (índice de imputación que fija el peso de Euskadi en el conjunto de España).