La justicia británica se niega a reconocer el matrimonio de dos lesbianas

Las británicas Celia Kitzinger y Sue Wilkinson, casadas en Canadá en 2003, forman una pareja legal pero no un matrimonio ante la justicia británica. Así lo manifestó el presidente del Alto Tribunal Familiar, Sir Mark Potter, en un veredicto emitido ayer en Londres. El juez recordó a las demandantes que la unión civil, como se denominan oficialmente los enlaces homosexuales en Inglaterra, goza de los mismos derechos legales que el matrimonio, término que sólo aplica la legislación en los lazos conyugales entre heterosexuales.

"Es evidente que la mayoría de personas, no sólo en Inglaterra, sino en el resto de Europa, consideran el matrimonio como una institución ancestral destinada a apoyar la monogamia y la procreación en una unidad familiar en la que la influencia paterna y materna sean posibles", dijo el juez. La sentencia asegura, no obstante, que las relaciones entre personas del mismo sexo "en ningún caso son inferiores" por el hecho de tener otro nombre.

Las mujeres demandaban que su matrimonio canadiense fuera reconocido con la misma denominación y los mismos derechos en su país natal. Basaron su caso en una potencial infracción de los derechos humanos, que el tribunal londinense no juzgó probada. Claramente descontentas con el resultado, la pareja criticó ayer el fallo en tanto que "perpetúa la discriminación y emite un mensaje de que los matrimonios homosexuales son inferiores".

La ley inglesa de Uniones Civiles, que entró en vigor en noviembre de 2004, no llega tan lejos como la española, que equipara los enlaces de personas del mismo sexo a la categoría de matrimonio, pero tiene la ventaja de que otorga los mismos derechos que la ley española con un amplísimo respaldo parlamentario. La adopción o coadopción se había aprobado antes en otro texto legal.

Derechos

Entre los derechos de las uniones gay figuran los siguientes: reconocimiento del estatuto de pariente más próximo, tratamiento conjunto de las ayudas económicas y sociales, derecho conjunto de pensiones, responsabilidad parental sobre los hijos de cada uno, reconocimiento a efectos de inmigración, derecho a no prestar testimonio contra la pareja en los tribunales, derecho a registrar la muerte del compañero y derecho a reclamar su pensión.

Estas parejas también pueden obtener ayudas por viudedad, compensaciones en caso de accidente mortal o daños criminales, reconocimiento de las leyes que regulan la herencia y últimas voluntades y derechos de sucesión como inquilino.

Entre las responsabilidades que impone la ley en caso de disolución de la relación figuran aquellas que tiene como objetivo acuerdos justos de división de las propiedades, conformidad sobre la residencia y contacto adecuado con los hijos.