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El PP recurre al Constitucional el Estatuto catalán "para impedir un daño irreparable"

Los populares solicitan al alto tribunal que haya sentencia antes de las elecciones generales

El PP presentó ayer ante el Tribunal Constitucional su anunciado recurso contra el nuevo Estatuto de Cataluña. Recurren el Preámbulo, 114 de los 223 artículos de la ley y 12 disposiciones adicionales y finales. Los populares solicitaron al Constitucional "la tramitación prioritaria y urgente" de su recurso, y le piden que haya sentencia antes de las próximas elecciones generales, con el compromiso de "acatarla". La urgencia obedece, según Ángel Acebes, número dos del PP, a que el Estatuto "ha generado un gran problema de inseguridad, de división y de ruptura del modelo constitucional". Con una rápida sentencia, según Acebes, "el Constitucional puede impedir que el daño se convierta en irreparable".

Los diputados Soraya Sáenz de Santamaría y Federico Trillo, ambos ponentes del PP en la tramitación del Estatuto en el Congreso, entregaron los más de 400 folios del recurso en el Tribunal Constitucional. Después explicaron en la sede de su partido por qué piden al alto tribunal que dé "carácter prioritario y urgente" a este recurso: "Es una ley integrada en el bloque constitucional, cuya puesta en marcha exigirá modificar más de 30 leyes del Estado. Y la sentencia debe ser ejemplar para consolidar el modelo constitucional del Estado de las autonomías y no permitir excesos en las restantes revisiones de estatutos ahora en marcha", aseguraron.

Los populares mantienen que el texto catalán "está configurado como una Constitución paralela" que, "por su ínfima calidad jurídica, generará numerosos conflictos". Por eso, ayer solicitaron a todas las administraciones "prudencia" en el desarrollo y aplicación del Estatuto hasta que el Constitucional se pronuncie.

Sáenz de Santamaría y Trillo contaron los principales elementos de inconstitucionalidad que ven al Estatuto. El líder de ese partido, Mariano Rajoy, enumeró el viernes los ocho principales: que Cataluña sea una nación; el trato "privilegiado" a la lengua catalana; que haya "derechos y deberes distintos" para los catalanes que para el resto de los españoles; el Poder Judicial para Cataluña; la distribución de competencias entre Cataluña y el Estado; el principio de bilateralidad "que privilegia a Cataluña y sienta las bases de un modelo confederal asimétrico"; las relaciones internacionales de Cataluña, y su sistema de financiación propio cuando éste debe pactarse entre todas las autonomías.

Nación española

El recurso del PP mantiene que, "desde el punto de vista constitucional, no hay más nación que la nación española, titular de la soberanía y, por tanto, fundamento de la Constitución misma". Según el PP, a esa nación española "no pueden equipararse las nacionalidades y regiones que integran su indisoluble unidad". Y los Estatutos son "un poder derivado" de esa Constitución.

El conocimiento de la lengua catalana como deber es el segundo gran elemento de inconstitucionalidad. Según el recurso, "el constituyente ya rechazó esa posibilidad en 1978". Además, el PP "rechaza la consideración exclusiva del catalán como lengua vehicular de la enseñanza". El recurso argumenta que eso va en contra "del derecho de los padres a elegir la lengua en la que quieren que estudien sus hijos". En general, el PP ve inconstitucional que el Estatuto tenga "una regulación diferente de derechos y deberes" porque ello "va en contra de la igualdad de todos los españoles".

El recurso censura que haya un poder judicial propio para Cataluña porque "rompe con la unidad judicial de España". Critica asimismo la relación bilateral de Cataluña con el Estado, "porque es una desigualdad inadmisible en la Constitución", así como el blindaje de competencias.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 1 de agosto de 2006