Calor político

Cuando acabe el calor (un amigo trae noticias de París y su calor, que puede llegar a ser una especie de desconsuelo, callejeando, o desesperación, en vagones de metro sin aire acondicionado), cuando pase el verdadero verano, que todavía está en su comienzo, vendrá la interminable campaña para las elecciones municipales de 2007. Ya veo síntomas de cómo será: más que política, será una campaña policial. Se atendrá a una tipología jurídica, de Código Penal. Los partidos no expondrán problemas y ofrecerán soluciones: utilizarán un mínimo de argumentos políticos y recurrirán a insinuaciones y golpes policiacos. Examinarán a los candidatos rivales dentro de la última imagen de la política municipal como departamento del negocio inmobiliario dedicado a la depuración de dinero sucio.

El argumento político más contundente será una acusación múltiple de sobornos y recalificaciones fraudulentas de suelo. Ya se oyen estas cosas en la precampaña de la precampaña, ahora mismo, con casos en Almería, Huelva, Málaga, Cádiz, Sevilla, Jaén, Córdoba o Granada. La fiebre detectivesca investiga planes y convenios urbanísticos, aceleración y paralización de obras, metamorfosis de montes y huertas en casas y hoteles y polígonos industriales, campos deportivo-turísticos y espacios protegidos. Y, en sus nuevas tareas policiales, los partidos mandarán a sus Sherlock Holmes a indagar en el mecenazgo cultural del municipio y la adjudicación de los servicios de basura.

La oposición política se ha convertido en una operación detectivesca, policiaca, para denunciar posibles delitos del partido contrario. La política, en este aspecto, sintoniza con la opinión pública. No es cómodo ser concejal hoy. Circula un cliché, una caricatura del concejal perverso, corrompido o en venta. El pleno municipal se ve como un clan para delinquir. Ser concejal imprime carácter: es un estigma. Hay un estereotipo del concejal, es decir, una imagen fijada por repetición, prefabricada, generalizadora, simplista. Y lo peor es que el cliché cuenta con el aval de la Fiscalía Anticorrupción y el contundente ejemplo de lo que podría ser llamado el mal de Marbella.

El examen crítico del adversario electoral no se centrará en su programa, sino en el catálogo de trampas que se le pueden suponer: prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, delitos contra el Medio Ambiente o la Ordenación Territorial. Todo este mundo repulsivo guarda relación con el papel de los Ayuntamientos como sección local del Estado, si el Estado debe proporcionar las condiciones necesarias para el florecimiento de la economía. Quizá por eso algún abogado de los concejales marbellíes en la cárcel alega que su defendido se dejó sobornar por disciplina de partido: la obediencia debida perseguía el bien y la riqueza de la comunidad.

Estos casos pasan por las manos de lo mejor de la sociedad: políticos, empresarios e inversores, bancos, notarías y bufetes de abogados. Pero los partidos políticos se acusan entre sí de favorecer "operaciones especulativas". Yo creía que el capitalismo, o la única economía existente, era eso: búsqueda de beneficio, más feliz cuanto mayor y más inmediato. Uno de los máximos dirigentes del sistema financiero andaluz recordaba el otro día el alcance económico del caso Marbella, punto geográfico donde se entrecruzan intereses nacionales, regionales, económicos, sociales y empresariales, 6.000 millones de euros en créditos, una auténtica cuestión de interés general.

Los negociantes juegan con los márgenes que deja la ley. La política, que controla el cumplimiento de la ley, es parte del negocio. Así desaparecen los lindes entre derecha e izquierda, y todos los partidos se igualan en sus funciones policiales, en su pesquisa de posibles alianzas delincuentes entre empresarios y cargos públicos que pertenecen al grupo enemigo. El fanatismo partidista entre derechas e izquierdas es sustituido ocasionalmente por un truculento celo policiaco. Es el momento, deplorable, de la política policía.