CiU recurre ante el TSJC la campaña institucional sobre la acción del Gobierno

CiU presentó ayer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para frenar la edición de más de un millón de opúsculos de 32 páginas sobre el balance de los 1.000 días de vida del Gobierno de Pasqual Maragall. El portavoz parlamentario de CiU, Felip Puig, se ampara en el artículo 4 de la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, de diciembre de 2005, que prohíbe las campañas institucionales "que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados" por la Administración.

La campaña de propaganda tiene presupuestado un coste de 151.934 euros y la federación nacionalista no sólo considera que es "ilegal", sino que supone un gasto de fondos públicos "inaceptable".

No tardó en responder el consejero de Economía, el socialista Antoni Castells, quien recordó que CiU gastó 61,9 millones de euros en propaganda en 2003 y que, según sus cálculos, el actual Gobierno ha reducido el 30% el desembolso en publicidad (40,6 millones en 2006). "A diferencia de CiU, este Ejecutivo sabe distinguir entre institución y Gobierno", remachó Castells. El consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura (ICV), aseguró que CiU quiere evitar la campaña porque tiene "miedo".