El fiscal tilda de "grupo delictivo de guante blanco" a los implicados en la trama de Marbella

La Fiscalía de Málaga considera que los implicados en la Operación Malaya formaban un "grupo delictivo de guante blanco" que operaba a través del Ayuntamiento de la localidad malagueña de Marbella.

Este es el argumento en el que se basó el ministerio público para solicitar que se desestimen los recursos presentados por los abogados de los 23 imputados encarcelados para salir de prisión.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga decidirá sobre estos recursos en unos días. La Sección Tercera acogió ayer la vista sobre los recursos presentados contra los autos de prisión de cinco ex concejales que se encuentran encarcelados: José Luis Fernández Garrosa, María José Lanzat, Vicente Manciles, Rafael Calleja y Rafael González Carrasco.

El fiscal pidió la confirmación de estos cinco autos de prisión argumentando el riesgo de fuga que existe y el peligro de ocultación de pruebas para la investigación.

El ministerio público entiende que estos cinco imputados formaban parte de "una trama de guante blanco", en la que se valieron de su condición de concejales. "No son pardillos a los que se les encuentra un arma en su casa", dijo el fiscal, convencido de que existen "pruebas ciertas" de que recibieron distintas cantidades de dinero y obtuvieron "pingües beneficios" de sus acciones desarrolladas "al margen de la ley".

Las defensas, en cambio, creen que existe una falta de pruebas, que los autos no están argumentados de forma individualizada y alegan que los imputados seguían la "disciplina de partido". El fiscal entiende que recibir dinero, "un soborno", no se puede enmarcar en la disciplina de partido. "Puede sorprender recibir un primer sobre, pero no tenerlos de forma reiterada", argumentó.

Principio de igualdad

Los abogados defensores alegan igualmente que se ha roto el principio de igualdad y hay un agravio comparativo con respecto a otros imputados que se encuentran en libertad, según explicaron, "por colaborar" con la justicia o confesar su implicación en la trama. "La confesión no puede ser un premio", dijo uno de los letrados. El fiscal argumentó que la mera confesión no es suficiente para que se dicte prisión condicional y recordó que uno de los que piden su puesta en libertad, Manciles, reconoció el cobro de dinero y permanece en prisión.

El juez Miguel Ángel Torres también recibió ayer a los cuatro abogados del despacho madrileño Sánchez Zubizarreta Soriano, encarcelados durante la primera fase de la Operación Malaya, que acudieron para ampliar su declaración. Los letrados presuntamente se encargaron de estructurar las sociedades del cerebro de la trama del Ayuntamiento marbellí, Juan Antonio Roca.