Palabras rectas

En la tarde del 3 de julio, cuando comenzaba a vislumbrarse el alcance de la que es la mayor tragedia en un accidente de metro que hemos vivido en este país, la UGT-PV, desde la responsabilidad adquirida con los trabajadores y trabajadoras valencianas, asumió un compromiso con la Generalitat valenciana para trabajar codo con codo.

En esos primeros momentos consideramos, como no podía ser de otra forma, que la prioridad absoluta era atender a los heridos, apoyar a los familiares y allegados de las personas fallecidas, y señalamos públicamente que ya habría tiempo para ocuparse de averiguar las causas de este lamentable siniestro, reservándonos la posibilidad de exigir las consecuentes responsabilidades por la acción u omisión de quien hubiera podido evitar el siniestro. En el fondo de lo que se trataba era de no hacer de este episodio una batalla política, de tratar de impedir que el dolor, la rabia, el oportunismo o las ganas de enterrar lo sucedido, guiaran los pasos de quienes tenemos una responsabilidad pública para con los valencianos y valencianas.

Pero la realidad es tozuda, y apenas unas horas después del accidente, algunos estrategas ya tenían el plan de operaciones ultimado. La caja negra del primer vagón, leída a las cinco de la mañana sin la presencia de ningún representante de la UGT-PV, señaló que el convoy entró en la curva al doble de la velocidad máxima. Un comunicado del comité de seguridad de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, donde se reconocía el exceso de velocidad y se apuntaba la posibilidad de que una indisposición del conductor le impidiera reaccionar ante esta circunstancia, destapó la caja de los truenos.

Las consecuencias son de sobra conocidas, el Consell abrió el fuego con recuerdos de los ochenta, lanzando balones fuera respecto a posibles responsabilidades y dejando que un órgano de FGV sin capacidad vinculante, el comité de seguridad, asumiera todas las responsabilidades, como si ellos fueran gerentes y garantes de lo que sucede en la empresa pública.

Las declaraciones de los responsables de la empresa, escondidos sin decoro tras un acta del comité de seguridad, brillaron por su ausencia y el Consell, intentando apagar fuegos, aseguraba que la línea 1 era más que segura, llegando incluso a amenazar a quienes conociendo la inseguridad de dicha línea no se hubieran personado ante el juez para denunciarlo, como si fueran delincuentes.

La estrategia de la confusión estaba a pleno rendimiento, desde el Consell se aseguró hasta la extenuación que nadie, ni sindicatos, ni usuarios, se habían quejado de las condiciones de seguridad de la línea, que la curva era "dulce" y que el conductor del convoy, quien no puede defenderse, era el único responsable del accidente. Una semana después del siniestro, se produjo la comparecencia del Consell ante el pleno de las Cortes y, cargado de cifras, más no de razones, repitió lo dicho anteriormente: accidente fatídico, no hay explicación para el exceso de velocidad, la línea es segura, no hemos de rectificar, etc.

Antes de dicha comparecencia, la UGT-PV ya había decidido, a su vez, comparecer ante la opinión pública, simplemente para decir cuatro palabras rectas.

En primer lugar, demostramos con documentos que las secciones sindicales de la UGT-FGV en Alicante y Valencia han denunciado sistemáticamente desde 2000, en algún caso incluso en juzgados y con sentencia favorable, las deficiencias en materia de seguridad de la empresa. A continuación le recordamos al Consell que en la firma de la actualización del Pavace demandamos mayores inversiones en seguridad en la línea 1 "para que no tuviéramos que lamentar accidentes más graves que el ocurrido en septiembre de 2005". Además, mostramos una carta de marzo de 2006, aún sin contestar, en la que solicitamos una reunión con el Consell para hablar de este problema, que no parecía estar entre sus prioridades hasta el fatídico día. Por último, mostramos nuestra repulsa ante la descorazonadora realidad de que nadie, absolutamente nadie, se considera responsable y demandamos a la Generalitat que se solucionaran los problemas de seguridad de la línea y se depuraran todas las responsabilidades.

Repito, nuestras palabras, al igual que nuestros actos, han sido rectas, desde que la política privatizadora se ha hecho dueña y señora de la cosa pública, hemos mantenido una posición de defensa de los servicios públicos, demandando inversión no sólo en seguridad, sino en excelencia, una palabra con cierto éxito entre el Gobierno valenciano cuando hace inauguraciones de cara a la galería, y que, desde hace unas semanas, ha desaparecido de discursos y alocuciones.

Ahora, cuando los dos sindicatos mayoritarios de la Comunidad Valenciana hemos convocado a la ciudadanía a una manifestación en la ciudad de Valencia el próximo día 27 de julio, donde reclamaremos un transporte público seguro y unos servicios públicos de calidad, resulta que somos alarmistas, oportunistas y seguidistas de la política de la oposición. Lastimoso espectáculo el dado por el Consell.

Pedro Castillo Serrano es secretario general de la Federación de Transportes, Comunicaciones y Mar de la UGT-PV.