Sucio y escurridizo

Nunca se hará bastante énfasis en que la persecución eficaz del dinero negro -el producto por excelencia del fraude fiscal- es una de las condiciones indispensables para defender la equidad tributaria y reforzar la confianza de los contribuyentes en las funciones del Estado que financian con sus impuestos. Pues bien, si se acepta el análisis del Grupo de Acción Financiera, el organismo intergubernamental que tutela la lucha contra el blanqueo de dinero, resulta que la eficacia de las instituciones españolas deja mucho que desear. En primer lugar, porque el cumplimiento de las normas legales que permiten el control de las cuentas corrientes susceptibles de investigación es más bien escaso. Asegura el informe que una gran mayoría de las informaciones bancarias son enviadas al Servicio para la Prevención para el Blanqueo de Capitales (Sepblac) entre uno y tres meses después de que la transacción haya tenido lugar. De bien poco puede servir la información al servicio -en el que participan el Banco de España, la Agencia Tributaria, la policía y la Guardia Civil- si se sirve con tales retrasos.

Pero es que, además, los medios para perseguir el blanqueo de dinero o brillan por su ausencia o no se utilizan de la forma adecuada. Considera el Grupo de Acción Financiera que no se controlan con la adecuada intensidad las actividades que desarrollan los despachos de abogados, inmobiliarias, registradores de la propiedad, joyeros, notarios o casinos. El informe sugiere que ello se debe sobre todo a la falta de recursos económicos, dado que el Sepblac -siempre según el informe- sólo dispone de dos personas para las tareas de investigación y análisis de la información recibida sobre posibles nudos de dinero negro. Pero, como se desprende de los retrasos absurdos en la información bancaria, seguramente también hay que contar con unas normas legales desarrolladas de forma insuficiente, que son fácilmente evitadas u olvidadas por quienes tienen que cumplirlas. En resumen, la Administración española es un coladero para el dinero negro.

Las autoridades tienen la obligación de perfeccionar las leyes y reglamentos en contra del blanqueo de dinero, exigir su cumplimiento y aportar los recursos económicos y humanos necesarios para que sea posible en la práctica la persecución del fraude. El informe que comentamos tan sólo describe en el fondo uno de los síndromes más conocidos y perniciosos de la Administración española: el de creer que basta con promulgar largos y densos artículos legales para que los problemas desaparezcan. Y no es así. También hay que preocuparse de que se cumplan, algo que requiere más esfuerzo y resulta mucho más oneroso.