Bruselas llevará a España al Tribunal de Luxemburgo si hace una defensa a ultranza de sus intereses

Neelie Kroes, la comisaria de Competencia, está dispuesta a responder con la máxima celeridad a la decisión que esta semana adopte la Comisión Nacional de la Energía (CNE), a partir del principio de que el asunto es de su competencia exclusiva. Bruselas ya aprobó sin condiciones la OPA de E.ON sobre Endesa, y de concluir Kroes que la CNE pone ahora trabas a la operación podría abrir un procedimiento que, llevado a su extremo, termine ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

Kroes recibió la semana pasada poderes para intervenir con urgencia, y sin consultar previamente con la Comisión, si estima que la CNE pone obstáculos artificiales a lo que para ella es una operación impecable de E.ON. En caso de que Bruselas percibiera juego sucio, "pediría explicaciones a las autoridades españolas y en función de ellas se adoptaría una decisión legalmente vinculante", indica una fuente comunitaria. "Kroes puede abrir un procedimiento al Gobierno de España".

El reglamento comunitario de concentraciones establece que una fusión como la planteada tiene dimensiones que la remiten directamente a las atribuciones de la Comisión. Hace tres meses, en aplicación de esa potestad, Kroes dio el visto bueno a la operación por estimar que no afectará negativamente a la competencia ni en el continente ni en ninguno de sus diversos mercados.

La decisión del Gobierno español de someter el plan alemán al criterio de la CNE fue mal visto por la Comisión, que interpretó que no estaba justificada la ampliación de poderes "amplios y discrecionales", según el Ejecutivo comunitario. Éste lo entiende como una posible vulneración del principio de libre circulación de capitales y el derecho de establecimiento. Bruselas, que en mayo abrió un procedimiento de infracción a España por esta potenciación de la CNE, espera pronto la justificación del reforzamiento por parte de Madrid.

Pero ahora su atención está centrada en el veredicto que vaya a adoptar la CNE esta semana. El artículo 21 del reglamento concede al Estado correspondiente la capacidad de adoptar las medidas pertinentes para proteger intereses legítimos entendidos como los relativos a la seguridad, la pluralidad de los medios de comunicación y las normas prudenciales o de garantía de gestión. "Cualquier otro interés público deberá ser comunicado a la Comisión y ser reconocido por ésta previo examen de su compatibilidad con los principios generales y demás disposiciones", indica el artículo.