Narbona: "Si alertamos de la falta de agua, no tenemos por qué darla"

El Gobierno "no tiene ninguna obligación" de ceder agua para cubrir las necesidades de abastecimiento de las nuevas urbanizaciones si se ha advertido previamente de que no hay recursos hídricos disponibles. Así lo advirtió ayer en Alicante la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que admitió que el Gobierno no puede impedir que estos proyectos se lleven a cabo, ya que su aprobación depende de la Generalitat. Narbona recordó, no obstante, que la gestión del agua corresponde a su ministerio.

El Gobierno tacha de "surrealista" que los usuarios del Vinalopó impugnen el trasvase

Cristina Narbona repasó las líneas maestras de la política medioambiental del Gobierno ante una audiencia afín, formada por cientos de asistentes al Foro Internacional de las Juventudes Socialistas que se celebra hasta el próximo domingo en la Universidad de Alicante. "Vengo de una población valenciana de 20.000 habitantes que va a construir 15.000 nuevas viviendas", le espetó a la ministra una joven que se confesó "preocupada" por el modelo de desarrollo que impera en el litoral mediterráneo. Narbona contestó que le gustaría que los informes del ministerio pudieran parar algunos proyectos, aunque reconoció que las competencias en la materia son del gobierno autonómico. "En la Comunidad Valenciana hay una nueva ley -la LUV- que ni siquiera están cumpliendo", lamentó la ministra, que abogó por incrementar el control público sobre los acuíferos y destacó la figura del fiscal especializado en delitos medioambientales como arma contra el urbanismo "salvaje".

El problema, según Narbona, reside en que se ha generalizado la idea de que el progreso económico es sinónimo de duplicar el número de viviendas de una población. "Muchos alcaldes, incluso socialistas, se rebelan" cuando se les insta a moderar el crecimiento, admitió la responsable de la política medioambiental del Gobierno. En este contexto, criticó que en un país en el que existen "tres millones de viviendas vacías", se construya "más de la cuenta", en la mayoría de los casos "por movimientos especulativos"

Narbona subrayó una vez más que el ministerio, en estos dos años de sequía, ha invertido más de 700 millones de euros, "una parte importante en la Comunidad Valenciana y en Murcia", para evitar que haya restricciones hídricas. Sin embargo, denunció que el Consell no ha emitido un decreto para controlar los usos "no esenciales" del agua, como el riego de jardines o el llenado de piscinas, una medida que sí han tomado gobiernos como los de Andalucía, Cataluña o Madrid.

El gobierno de Francisco Camps no tardó en contestar a la ministra. Su portavoz, Vicente Rambla, declaró al término del pleno del Consell que la Generalitat está "harta" de que Narbona cuestione su esfuerzo por ahorrar agua. Rambla recordó que el Consell ha extendido el riego localizado a más del 68% de la superficie cultivada, mientras que en España este porcentaje apenas supera "el 8%", como "muestra evidente del esfuerzo en el uso eficaz del agua" de su gabinete.

Respecto al trasvase del Júcar, Narbona se mostró disconforme con que la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, pretenda llevar a los tribunales la adjudicación de cinco nuevos tramos de la conducción: "En un lugar como el Vinalopó, donde se necesita agua, reacciones de este tipo son surrealistas cuando se están terminando las obras".

En su conferencia, Una alianza por un futuro sostenible, la ministra defendió que la sostenibilidad "tiene que ser una dimensión más de la lucha por la igualdad de todos los ciudadanos del mundo". Narbona incidió en que España, como país "rico", debe asumir un alto grado de responsabilidad en la aplicación de políticas como la reutilización de aguas residuales en África o América Latina. Si se cumplieran estos objetivos, junto con el de frenar la desertización y el cambio climático, según dijo, se evitaría que muchos habitantes del Tercer Mundo tuvieran la necesidad de emigrar.

La ministra de Medio Ambiente también condenó el "chantaje permanente" que "muchas multinacionales" ejercen sobre los países pobres "para apropiarse de sus recursos", y abogó por generalizar el uso de tecnologías más limpias para reducir la dependencia del petróleo. "Hay millones de jóvenes que no aceptan el modelo de globalización actual y quieren que lo que se globalice sean los derechos humanos", proclamó.