Un concejal gallego lleva a un juzgado de Cangas la adjudicación de los parquímetros madrileños

La adjudicación de las nuevas zonas del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) de Madrid ha acabado en el juzgado de Instrucción número 3 de Cangas (Pontevedra). Mariano Abalo, concejal en ese municipio por el grupo Frente Popular Galega, presentó el pasado lunes una denuncia contra el alcalde de Cangas, José Enrique Sotelo Villar (PP), al que acusa de falsedad en documento público y prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta), según informó ayer la cadena Ser.

El alcalde de Cangas firmó el pasado noviembre un informe en el que avalaba la experiencia en la gestión de parquímetros de la empresa Hixienes, cuyo apoderado, Juan Manuel Casares, es un ex alto cargo del PP gallego y era amigo del concejal madrileño Pedro Calvo, máximo responsable de los parquímetros. Hixienes necesitaba que alguien avalase su experiencia para poder presentarse al concurso en Madrid.

Pero en Cangas no hay parquímetros y la empresa de Casares "no realiza ni ha realizado servicios" para el Ayuntamiento de ese municipio gallego, subraya la denuncia. Por eso, Abalo acusa a su alcalde de falsedad en documento público, un documento que, además, "no pasó por el registro de salida, ni fue visado por el secretario del Concejo, a pesar de que lleva la firma del alcalde y el sello del Concejo de Cangas". "Parece que hubo una intención clara de burlar la legalidad y de interferir en la decisión del concurso madrileño", afirma el concejal del Frente Popular Galega.

El propio Sotelo admitió el pasado marzo, en declaraciones a este periódico, que la única relación de Hixienes con el negocio de los parquímetros en Cangas fue el encargo que recibió del Ayuntamiento en 2002 para hacer "un estudio técnico de viabilidad sobre la posible implantación" del servicio en la localidad, algo que finalmente se descartó.

Hixienes concurrió en unión con Sufi (Sacyr) al concurso de gestión de las nuevas zonas de parquímetros de Madrid el pasado enero. Ambas empresas obtuvieron la adjudicación de uno de los lotes a concurso (ocho barrios del sur y el centro histórico de Carabanchel) por 144 millones de euros en 11 años. El PSOE pidió la anulación del concurso al considerar que Pedro Calvo había favorecido a la empresa de su amigo. Calvo siempre lo ha negado, alegando que la adjudicación la decidieron los servicios técnicos.

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