Stop Exclusión deja en el Ayuntamiento una escoba para Calvo

La plataforma Stop Exclusión, compuesta por seis asociaciones de carácter solidario, se dio cita ayer en la plaza de la Villa para protestar contra las declaraciones del concejal de Seguridad, Pedro Calvo, en las que proponía retirar de las calles y contra su voluntad a los indigentes de Madrid. Para mostrar su disconformidad, la plataforma dejó en el registro del Ayuntamiento un ejemplar de la Ley de Vagos y Maleantes de 1933 y otra de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Además, dejaron una escoba y un recogedor que no fueron aceptados. "Barrer la exclusión, no es la solución", dicen.

"No se puede aplicar una solución única para colectivos diferentes", dijo Enrique Cuesta, portavoz de la plataforma. Las declaraciones de Calvo se produjeron tras el asesinato de una mujer en la plaza de Soledad Torres Acosta. Entonces los vecinos exigieron medidas del Ayuntamiento. "Pero es que esa plaza ya estaba degradada antes de que llegaran las personas sin hogar y los toxicómanos", aseguró este portavoz. "En las zonas degradadas termina lo que la gente no quiere ver en las otras calles", añadió.

La plataforma abogó por aumentar las medidas de prevención y los equipos de calle. "No defendemos que la gente esté en la calle, sino que se les ayude desde ahí". Según Emma González, de la asociación Luces, que forma parte de la plataforma, "en Madrid hay más de 6.000 personas sin hogar y tan sólo existen 1.900 plazas de albergue", por datos obtenidos del Ayuntamiento.

Miembros de la plataforma reconocieron que se trata de "un problema de difícil solución", pero entre las medidas propuestas pidieron "que se refuercen los servicios sociales y se hagan más accesibles; que las concejalías de Ana Botella y Pedro Calvo se coordinen, y que no se tire por la borda todo el trabajo de las asociaciones en la calle con las medidas policiales", afirmaron. "Que la policía pueda trasladar a mendigos, toxicómanos y prostitutas contra su voluntad para sacarlos de la calle no sólo demuestra un profundo desconocimiento de la realidad, sino que supone criminalizar a quienes viven y están excluidos", concluyeron.

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