Impunidad en Londres

Un año después de que la policía londinense matase en el metro por error a un joven brasileño al que confundió con un terrorista (si se puede calificar de matar por error a alguien a quien, tras un largo seguimiento por una de las fuerzas más adiestradas del mundo, se le acaban disparando siete tiros a quemarropa), la fiscalía ha concluido que nadie será juzgado por la muerte del electricista Jean-Charles de Menezes. No hay pruebas para acusar a ningún miembro de la policía de asesinato, ni siquiera de homicidio.

El carpetazo al caso por la justicia británica es inadmisible desde cualquier punto de vista, aunque los hechos se produjesen en las circunstancias de extrema tensión en que vivía Londres ahora hace un año. En la muerte de Menezes -el 22 de julio, al día siguiente de que fracasara un triple atentado en el metro por fallo de los explosivos y dos semanas después de la masacre terrorista perpetrada por fanáticos musulmanes británicos que dejó 52 muertos y 700 heridos- se produjeron errores de bulto y confusiones policiales en cadena. Pero la fiscalía ha decidido, con el aplauso general de la clase política, que la policía de la capital británica sólo hará frente a cargos administrativos que se zanjarán presumiblemente con una multa por vulnerar la ley sobre higiene y seguridad en el trabajo en sus disposiciones sobre protección de los ciudadanos.

Casi nada funcionó en la apreciación policial y su cadena de mando. Desde la confusión de Menezes con uno de los terroristas que habían atentado fallidamente en el metro la víspera, y que vivía en su mismo bloque, hasta la presunción, por lo "abultado" de su ropa, de que portaba explosivos. Hubo también, según los agentes, una supuesta resistencia a la autoridad antes de que fuera acribillado, inmóvil, con disparos a la cabeza, aunque la jefa del comando antiterrorista niega que hubiese dado a sus hombres la orden de matar al brasileño trágicamente confundido. El jefe de una de las policías más reputadas del mundo, Ian Blair, sostuvo durante los dos días siguientes que Menezes era un terrorista suicida.

Cuando semejante rosario de despropósitos acaba en la ominosa muerte de un inocente y los hechos se producen en un país que se considera faro de las libertades democráticas, es preciso encontrar responsables entre las fuerzas de seguridad o entre los políticos con autoridad sobre ellas. No ha sido el caso. Aparte de la absolución sin juicio decidida el lunes por el fiscal, ningún cargo policial ha dimitido en Londres por la muerte de Menezes, ni tampoco ningún miembro del Gobierno laborista de Tony Blair. El estupor de la familia del joven brasileño es comprensible.