Conde-Pumpido reconoce que el urbanismo es una "fuente creciente de criminalidad"

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, reconoció ayer que el urbanismo constituye también "una fuente creciente de criminalidad" frente a la cual "la respuesta de la Administración de Justicia no ha sido en ocasiones lo suficientemente rápida y eficaz". En una conferencia que impartió en Alicante admitió que la "ineficacia" de la sanción administrativa frente a las conductas contra la ordenación del territorio se ha debido, en parte, a que ha sido la propia Administración la que tolera, o incluso se aprovecha directamente, de las actividades irregulares.

La intervención del fiscal general del Estado, en la apertura de un ciclo de conferencias en la Seu de la Universidad de Alicante sobre Urbanismo, corrupción y delincuencia, sirvió para repasar las actuaciones que desde el Gobierno se han realizado durante esta legislatura para lograr una mayor eficacia contra la delincuencia organizada, pero Conde-Pumpido también fue crítico con algunas Administraciones públicas que toleran los desmanes urbanísticos. La especulación, añadió, genera grandes beneficios a quienes la promueven ante la "ausencia del debido control por parte de los Ayuntamientos, a veces más prestos a aliviar las carencias de las arcas municipales con los ingresos por licencias, que a velar por la debida ordenación del territorio y del medio ambiente".

Conde-Pumpido destacó la creación de un fiscal de sala delegado en materia de urbanismo y de medio ambiente para intentar combatir estas prácticas. El fiscal general hizo especial hincapié en la ordenación del territorio como "instrumento esencial" del desarrollo económico y de la calidad de vida.

El apartado de su conferencia sobre la relación del urbanismo con la corrupción política fue el que más expectación levantó. Con un diagnóstico realista de la situación, reconoció que "la ineficacia de la sanción administrativa frente a las conductas contra la ordenación del territorio se ha debido, en parte a que la propia Administración ha creado ámbitos de tolerancia cuando no de directo aprovechamiento de las actividades contrarias al debido uso del planeamiento urbanístico".

El fiscal explicó que se ha producido un incremento estadístico de los delitos contra la ordenación del territorio, y en concreto, los referidos a la construcción de casas ilegales y la prevaricación urbanística. En Murcia el incremento de diligencias penales fue excepcional en 2005 al alcanzar el 102%, y en Málaga en un 50% durante los dos últimos años. Conde-Pumpido destacó la labor realizada por dos fiscalías, la que se ha especializado en materia medioambiental y urbanística y la que investiga delitos económicos relacionados con la corrupción. "Nuestra responsabilidad en la lucha contra la corrupción es especialmente importante, ya que la corrupción económica y política provoca una lamentable disminución de la credibilidad de las instituciones democráticas", destacó antes de recordar algunas de las acciones que buscan "crear una estructura eficaz que consiga mejorar la actividad de los fiscales".

Sobre la situación en la provincia de Alicante, donde la Fiscalía investiga presuntos casos de corrupción en Orihuela y Torrevieja, Conde-Pumpido no quiso pronunciarse, aunque sí admitió que le gustaría contar con "muchísimos más medios". "Alicante es una provincia necesitada de apoyo en el sentido de reforzar la actuación de la Fiscalía", concretó.