Suelo más barato

Los redactores de la nueva Ley de Suelo, en periodo de trámite parlamentario, persiguen sin duda el loable objetivo de abaratar el precio del suelo para amortiguar el crecimiento del precio de la vivienda. Para conseguirlo, proponen medidas tales como una reserva del 25% en la edificabilidad para viviendas protegidas; obligación para los promotores de facilitar a los ayuntamientos entre el 5% y el 15% del suelo urbanizado para espacios verdes, viales u otras dotaciones públicas; información pública durante 20 días para los planes urbanísticos; freno a las parcelaciones urbanísticas en terrenos rurales, y la garantía de que toda urbanización dispone de suministro de agua y otras conexiones de servicios. Todas estas normas están claras. Algunas son discutibles, como la insistencia en conferir a los ayuntamientos una cantidad mayor de suelo que puede ser utilizado para aumentar los ingresos municipales mediante especulación. Pero lo más urgente es averiguar si podrán aplicarse en todo el territorio nacional y en qué grado serán aceptadas por los promotores.

Porque el Partido Popular asegura que incumple 15 preceptos constitucionales y, por tanto, ha anunciado que recurrirá el proyecto ante el Tribunal Constitucional. Las comunidades gobernadas por el PP entienden que, tal como está redactado, el texto "invade competencias autonómicas". Si así fuera, sería de lamentar que la ministra María Antonia Trujillo no se hubiera preocupado de negociar con las autoridades autonómicas los límites de la actuación del Gobierno. Ya debería estar claro cómo puede ejercer el Estado sus funciones de coordinación de las actividades económicas relacionadas con la construcción que tanta repercusión tienen sobre el medio ambiente, el consumo de un bien escaso como es el agua o la política turística. Pero da la impresión de que el PP se opone a esa coordinación y se escuda en la ley para mantener el caos inmobiliario. Si el partido de Rajoy dispone de recetas para compaginar la libertad de mercado, las competencias autonómicas y el respeto mínimo a las condiciones medioambientales, tienen la obligación de debatirlas con el Gobierno y explorar su aplicación antes de desenfundar recursos ante el TC. Seguro que la Generalitat valenciana, por ejemplo, entiende que no es posible engordar el cinturón de cemento a pie de playa o multiplicar las urbanizaciones sin agua.