Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
COLUMNA

Objetivo: modernizar la Administración

La espuma de la política impide en muchas ocasiones determinar los objetivos más importantes de la misma, cuando no coinciden con los más coyunturales. Es, por ejemplo, lo que ocurre con la Ley de Dependencia, sin duda uno de los ejes centrales de esta legislatura, que actualiza el Estado del Bienestar español y que no aparece en los sondeos entre las prioridades de los consultados. ¿Problema de venta del producto? Pero también es lo que sucede con las actuales medidas de innovación de las administraciones públicas, que parecen entrar en nuestras vidas por la puerta de atrás y que se pueden considerar el mayor esfuerzo modernizador desde que Joaquín Almunia ocupó el departamento, en la década de los años ochenta.

Hace unas semanas el Consejo de Ministros aprobó el Estatuto Básico del Empleado Público, que regula por primera vez los derechos y deberes de casi 2,5 millones de funcionarios civiles, siguiendo el mandato constitucional (artículo 103: "La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones"). Este Estatuto se une en el mismo corpus a la Ley de Agencias y a los convenios iniciados para tener una Administración electrónica eficaz y universal. Todas estas medidas responden a una creciente demanda de los ciudadanos de eficacia en la gestión de los recursos públicos, lo que alguien ha denominado un proceso de "política basada en la evidencia" que mejore la competencia de la práctica política.

El Estatuto del Funcionario será una ley básica que afectará al conjunto de las administraciones (central, autonómicas y locales). En él se recogen, por ejemplo, los sistemas de evaluación basados en "el mérito y la capacidad" para que el funcionario pueda responder de la calidad de sus funciones, de modo que si ésta no es óptima pueda perder su puesto de trabajo (no su trabajo) y ser cambiado según criterios funcionales y geográficos. También la negociación colectiva, y dentro de ella la existencia de un equipo directivo, con personal fuera de convenio, que evite las fugas al sector privado ante la desigualdad de remuneraciones. Y contiene el compromiso para reducir la temporalidad en el sector público por debajo del 10% de su población activa, en el periodo máximo de un lustro. Este estatuto ha sido pactado con los principales sindicatos y llega al Parlamento con el acuerdo de casi todos los partidos políticos. Según el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, "se trata de incorporar al sector público lo mejor del sector privado, sin que el primero pierda su idiosincrasia".

Hace justo un año se envió al Congreso el proyecto de ley de Agencias, lo que puso en marcha la creación de la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios. Su nombre permite no tener que detenerse con exhaustividad en los objetivos, aunque en su preámbulo se habla de la realización de evaluaciones de las políticas y programas, favoreciendo el uso racional de los recursos públicos y el impulso de la gestión de la calidad de los servicios.

La Administración electrónica, una buena parte de cuyos principios están incorporados al proyecto Ingenio 2010 para tratar de adecuar la economía española a los acuerdos de la Agenda de Lisboa de la UE, consiste en lo esencial en la multiplicación de los procedimientos que el ciudadano puede ejercer sin salir de casa, a través de Internet, y que cualquiera de esos procedimientos los pueda desarrollar en la administración más próxima, sin pérdidas de tiempo, aunque su destino sea otra administración más lejana. A final de año se pretende que esté aprobada por el Consejo de Ministros la Ley de Administración Electrónica, por la cual todos tendremos derecho a dirigirnos a cualquier administración en demanda de información y, sobre todo, derecho a que se nos conteste de forma obligatoria y en tiempo. Ahora depende del uso de la discrecionalidad y de los medios electrónicos.

¿Se lograrán cancelar, de una vez para siempre, los tópicos burocráticos del "vuelva usted mañana" y "que inventen ellos"?

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 17 de julio de 2006