Memoria de la libertad

En memoria de Antonio Carrillo

El artículo 54 del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, de próxima entrada en vigor, establece un principio rector por el que "la Generalitat y los demás poderes públicos deben velar por el conocimiento y el mantenimiento de la memoria histórica de Cataluña como patrimonio colectivo que atestigua la resistencia y la lucha por los derechos y las libertades democráticas. A tal fin, deben adoptar las iniciativas institucionales necesarias para el reconocimiento y la rehabilitación de todos los ciudadanos que han sufrido persecución como consecuencia de la defensa de la democracia y el autogobierno de Cataluña".

La memoria de la libertad, el reconocimiento institucional de aquellos que dieron lo mejor de sí mismos por la recuperación de la democracia en Cataluña y en España, es un acto de virtud cívica que atribuye mayores señas de identidad al ejercicio de los derechos y libertades en el Estado social y democrático de derecho. Que la norma institucional básica de Cataluña establezca que los poderes públicos deban adoptar medidas para el reconocimiento y la rehabilitación de los ciudadanos que padecieron más directamente la represión de la dictadura franquista es una finalidad que no puede más que suscitar satisfacción. El compromiso de los poderes públicos de recuperar el patrimonio democrático que constituye la lucha de los que tuvieron el coraje y la dignidad de batirse contra un régimen ominoso no es ningún absurdo. Es un acto de justicia. Sobre todo, en un contexto político como el que nos concierne, en el que la transición a la democracia en España, tan positiva por muchas y contrastadas razones, comportó también precios no escritos que pagar y, en especial, un déficit social especialmente doloroso: la institucionalización de la desmemoria sobre de las víctimas de una larga dictadura y de los verdugos a su servicio.

Con el Estatuto, el poder público se compromete con la reparación de la memoria democrática

El régimen democrático actual tiene su origen más inmediato en el antifranquismo

Han pasado 30 años desde su final. Muchas personas ya no lo pueden explicar y el paso inexorable del tiempo, a pesar de toda la memorialística escrita que ha proliferado en los últimos tiempos, es un factor implacable que fomenta el olvido. Y el olvido puede ser tanto o más duro que aquellas leyes del derecho represivo franquista, como la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939 y tantas otras. Más aún, olvidar puede ser tanto o más cruel que la tortura que practicaban los Olmedo, Creix, Conesa, Polo... y tantos otros sátrapas. Olvidar puede ser tanto o más cínico que el mensaje que el entonces jefe del Estado vaticano, Eugenio Pacelli, más conocido como Pío XII, dirigía en 1939 a la "católica y amadísima" España, bendiciendo su sacrificio en defensa de los valores del cristianismo, mientras el conde Ciano, nada sospechoso de demócrata, se sorprendía del índice de fusilamientos diarios. El olvido, en efecto, como decía Luis Cernuda, es más definitivo que la muerte: sólo cuando los otros olvidan o ignoran que hemos existido es cuando la muerte civil es ya irreversible.

Con sus luces y sus sombras, el régimen democrático que tenemos tiene su origen más inmediato y su desarrollo en el antifranquismo, y su antecedente es sin duda la II República de ahora hace 75 años. Estos referentes forman parte de una memoria de la libertad que es patrimonio de la persona y de la sociedad de la que decide formar parte. La recuperación de la memoria de la libertad, de la memoria colectiva de un país subyugado durante 40 años, es un acto de calidad democrática. Reivindicar el compromiso político de los ciudadanos por la recuperación de sus libertades es un acto de virtud republicana; esto es, de aprecio por los valores de la razón y del interés general. Por ello, las políticas públicas que desde diversas instancias se han tomado en las comunidades autónomas y muy tímidamente -todavía- en la Administración central, para recordar y difundir la lucha por la recuperación de las libertades, llevadas a cabo en el ámbito político, sindical, universitario o asociativo, así como para reparar su memoria, constituyen un buen punto de partida. ¡A pesar del tiempo transcurrido!

Estas políticas públicas se insertan plenamente en un marco comparado en el que Estados con un pasado totalitario, como Alemania, Italia o la Francia de Vichy, las han realizado -cierto es- con grados de intensidad diversos, con objeto de homenajear a los protagonistas de la lucha por la libertad, reparar su memoria y difundirla como ejemplo para generaciones presentes y futuras. Pero además y sobre todo, estas políticas de la memoria democrática no se detienen en el pasado, sino que son concebidas también con la perspectiva del futuro. Es decir, no se trata sólo de crear infraestructuras culturales para ejecutar políticas consistentes en recuperar y reparar la memoria de la libertad, sino también de emplearlas para fomentar el debate y la investigación de la historia.

En nuestro contexto más próximo, la saludable previsión del Estatuto de Autonomía de 2006 en pro de políticas públicas sobre la memoria de la libertad, de la historia de aquellos que, con sacrificio de su trabajo, familia, integridad física e incluso la propia vida, tuvieron el coraje de enfrentarse a la dictadura ha de ser entendida como un deber cívico indeclinable. Es un acto de justicia, al que el Estatuto ha puesto las bases. Que en este sentido el poder público, a través de la ley, se comprometa con la reparación de la memoria democrática no puede ser entendido como algo absurdo o instrumentalizador de la historia. Las políticas públicas sobre la memoria democrática llevadas a cabo por instituciones representativas, así como las iniciativas de instituciones privadas, han de ser un factor calidad democrática. En definitiva, la memoria hace libres. Y la reivindicación del pasado de la libertad para construir su futuro es también un elemento de identidad y de orgullo democrático de la sociedad.

Marc Carrillo es catedrático de Derecho Constitucional de la UPF.