IU denuncia a Anticorrupción un "pelotazo" de 1.500 millones en Seseña

Izquierda Unida (IU) presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por malversación, prevaricación, cohecho, trato de favor y tráfico de influencias en la tramitación por parte de cargos municipales (PP y PSOE) y autonómicos (PSOE) de una recalificación masiva de suelo en Seseña (Toledo) a favor del promotor Francisco Hernando, dueño de ONDE 2000. IU sostiene que el "pelotazo urbanístico" propició un beneficio de 1.500 millones de euros.

El 19 de noviembre de 2002, la empresa ONDE 2000 presentó el PAU (Plan de Actuación Urbanizadora) de El Quiñón en el Ayuntamiento de Seseña para recalificar 1,8 millones de metros cuadrados de suelo rústico a urbanizable y construir 13.508 viviendas. El 25% del suelo se reservó a vivienda protegida (la más barata, la que menos plusvalías deja al promotor), mientras que la Ley, según IU, obliga a reservar un 50%. Para IU, en esa decisión hay un motivo claro de prevaricación y de trato de favor al promotor. La alcaldía recaía entonces en el socialista José Luis Martín.

El 8 de mayo de 2003, el pleno de la corporación aprobó dicho PAU, con los votos del PSOE. Además de las plusvalías generadas con la recalificación, el convenio, según la querella, "supone realizar de forma posiblemente premeditada un regalo de varios millones de euros a ONDE 2000". El ayuntamiento se comprometió a ceder a la inmobiliaria 181.167 metros cuadrados de la parte que le tocaba en la recalificación, que valoraba a 90,15 euros el metro cuadrado lo que le daba un valor de 16,3 millones de euros. A cambio, la constructora pactó entregarle viviendas por valor de 36,7 millones de euros, con lo que el ayuntamiento asumió una deuda de 20,2 millones con la beneficiaria del "pelotazo", lo que para IU entrañaba "otro fabuloso regalo".

La luz verde de la Consejería de Obras Públicas de Castilla-La Mancha, que tiene fecha de salida del mismo día del pleno -8 de mayo de 2003-, fue acordada dos días antes. Pese a que el escrito mencionaba que para la aprobación efectiva era necesario un informe previo favorable de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, paradójicamente éste tenía fecha del mismo ocho de mayo, y sin constancia de entrada o salida en ningún registro. La querella sostiene que dicho informe favorable fue negociado horas antes del Pleno en la Consejería de Obras Públicas en una reunión en la que estuvieron presentes el promotor, Francisco Hernando Contreras, su hijo Francisco Hernando del Saz, el titular de dicha consejería, Alejandro Gil; el alcalde de Seseña, José Luis Martín, y varios cargos más autonómicos y municipales. IU pregunta hasta qué punto influyó la presencia de dicho constructor para "dar luz verde al proyecto desde la consejería y de que la Administración regional no defendiera en todo momento los intereses generales".

Días más tarde, 25 de mayo de 2003, las urnas dieron la alcaldía de Seseña a IU. "A partir de éste momento, el auténtico propietario de la empresa, Francisco Hernando Contreras, administrador y padre del titular de ONDE 2000, ve el peligro real de que el PAU de El Quiñón se anule, e inicia una operación de acoso y presión contra el alcalde y el grupo municipal de IU, ejerciendo un evidente control de los concejales del PSOE y del PP que anuncian en sendos escritos similares su voto en contra del recurso de IU contra el PAU de El Quiñón". Ambos grupos opositores, con mayoría en el pleno, solicitaron en "escritos idénticos" la aprobación del convenio.

Sin embargo, todos los grupos admitieron la ilegalidad de su aprobación el 8 de mayo de 2003. En este contexto, el alcalde detectó que por anteriores convenios, ONDE 2000 debía 1,1 millones de euros al Ayuntamiento de Seseña. Hernando del Saz le presentó cinco cartas de pago supuestamente firmadas por el tesorero municipal para acreditar que ya había sido saldada tal deuda. El interventor dijo haber realizado las cartas por orden del ex concejal de Hacienda y hoy edil socialista, Fermín Martín. Sin embargo, "revisada la contabilidad de ingreso de 2002, no aparece ninguno de los conceptos, cantidades y fecha anteriormente citadas". "Era, por tanto, evidente la falsedad de las cartas de pago y la sustracción de caudales públicos". Hernando acabó reconociendo la deuda. El alcalde pidió una comisión de investigación y paralizar el convenio. Pero el PP y el PSOE aprobaron el 9 de octubre de 2003 lo contrario: sí al convenio, no a la investigación.