Por qué, así, no

El ruido que rodea el proceso de negociación emprendido por el Gobierno para la disolución de ETA, hace cada vez más difícil plantear con rigor y serenidad los argumentos que llevan a estar a favor de él o en contra del mismo. Hay mucho simplismo, mucha demagogia y muy poco respeto a la lógica. Yo estoy en contra de este proceso, al contrario que una clara mayoría de los ciudadanos que, de acuerdo a las encuestas, lo apoyan de forma contundente. Quisiera explicar por qué, no porque considere que mi postura sea asunto de interés general, sino por intentar desarrollar un esquema comprensible de las razones que, a mi entender, convierten este proceso en una iniciativa no sólo equivocada, sino de potenciales consecuencias graves para el futuro de nuestra convivencia.

Nadie (casi nadie) está en contra de que mediante el diálogo se consiga la disolución de ETA. Los sucesivos gobiernos de todo signo lo han intentado y la sociedad ha entendido en cada uno de esos intentos que valía la pena intentarlo, y hasta que el Estado podría ofrecer alguna contrapartida, incluso generosa, a quienes materializaran esa disolución.

Pero ese diálogo nunca se planteó -como cada vez más abiertamente se está planteando éste- como un proceso de paz en el que dos bandos en lucha acuerdan renuncias recíprocas para poner fin a un conflicto bélico o a un estado de violencia bilateral. De hecho, aceptar este planteamiento supone reconocer el 90% del ideario de ETA que se presenta a sí misma como el ejército vasco de liberación que quiere poner fin al yugo opresor de España (y, con la boca más chica, también al de Francia). Ésa es la narrativa de ETA en su último comunicado: "España ha impuesto leyes extranjeras, el genocidio lingüístico y cultural, la partición y militarización del territorio, los asesinatos policiales y parapoliciales, las razias y detenciones selectivas, la utilización sistemática de la tortura...".

Lo cierto es que aquí ha habido unos que asesinaban, extorsionaban y amenazaban y otros que oponían (salvo excepciones que han sido penalmente castigadas por el propio Estado) los mecanismos del Estado de Derecho a la violencia antijurídica desarrollada por ETA. Por tanto, no ha habido dos bandos enfrentados, no procede un proceso de paz, no hay guerra a la que poner fin. No está de más recordar que los miembros de ETA, incluidos los autores de delitos sangrientos, fueron amnistiados dos veces al principio de la Transición, de forma que ahora estamos hablando tan sólo de quienes han ejercido la violencia criminal contra un Estado democrático.

En este contexto, los sucesivos Gobiernos de la democracia han cometido errores y han dado bandazos en su forma de luchar con ETA y en la de negociar con ella. Todos. Pero todos han mantenido con rigor la exclusión del carácter político de la negociación, que nunca ha continuado cuando ETA ha intentado convertirla en negociación política.

El Estado, gracias al consenso de los dos grandes partidos, es capaz de cambiar decisivamente la dinámica de desgaste que ETA trataba de imponer, a través de la Ley de Partidos basada en el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo. Por vez primera se reconoce (como verdad judicial) que ETA no consiste sólo en quienes empuñan las pistolas sino que abarca a quienes les dan voz política, cobertura mediática o sustento financiero. Y esa operación, entre 2001 y 2004, es un gran éxito que, materialmente, diluye la amenaza terrorista como nunca hasta entonces se había conseguido. También es cierto que el contexto internacional y el incremento de la cooperación antiterrorista facilitan ese cerco y lo hacen más eficiente.

Hay que recordar también que ETA no había cometido un solo atentado mortal desde mayo de 2003, sin proclamar tregua alguna ni imponer ningún tipo de concesiones. Y que la ETA que no mata durante el último año de Gobierno de Aznar está simultáneamente más acosada que nunca por el Estado de Derecho: fuera de las instituciones, con buena parte de las fuentes de financiación cegadas, sin voz política o mediática apreciable.

Cuando el Gobierno (y no ETA) lanza la iniciativa de diálogo, ETA es una sombra de sí misma. Probablemente, un buen momento para abordar un diálogo desde la mejor posición posible del Estado de Derecho. Pero un diálogo completamente asimétrico, no una negociación, sino un contrato de adhesión: si dejáis las pistolas, se puede aliviar algo la situación penitenciaria de algunos presos, interpretar con benevolencia la legislación sobre cumplimiento de penas y regularizar la situación de quienes están en el limbo jurídico (sin causas abiertas). Y nada más.

Se está haciendo algo muy distinto. Se está hablando de política con ETA y se está haciendo antes de que ésta haya dado algún paso relevante para su disolución. Se está entrando en un discurso en el que se reconoce -cada vez de forma más difícil de ocultar- que hay un problema político específico al que dar solución y que si no se ha solucionado antes es porque la violencia lo impedía. Y, sobre todo, se ha entrado a insinuar -nada menos que por el presidente del Gobierno- que los vascos tienen derecho a decidir su futuro como si fueran sujetos de soberanía, como si el Estado adoleciera de un déficit de legitimidad por no haber abordado desde estos supuestos autodeterministas la cuestión vasca. Admitida la mesa política como un componente de la negociación en curso, el Estado ha perdido la batalla. Como tal, no se sienta a ella (es cosa de vascos), pero se compromete a respetar lo que en ella se acuerde. Cierto que con cautelas legalistas, pero éstas no cuentan si falla la base: admitir la mesa, un recurso extra institucional, supone reconocer falencia o déficit en las instituciones que existen. Lo ha dicho de forma inequívoca Patxi López a la salida de su reunión pública con un partido ilegal que es reconocido en la Unión Europea como organización terrorista: se trata de llevar adelante "un diálogo político que tiene que tener como objetivo ampliar los consensos con los que definir el marco de convivencia que permitan construir una Euskadi entre todos". En otras palabras, que Euskadi, institucionalmente, está por construir.

De eso se trata. La gente puede pensar que finalmente alguna concesión política puede valer la pena si acaba la violencia. Instalada en la falacia de la paz, puede llegar a sacrificar a su supuesta obtención cuestiones aparentemente menos importantes como son si hay o no mesa de partidos y qué se habla en ella. Es un error grave. Al margen de la ofensa infinita que esto supone para las víctimas y para quienes a lo largo de todos estos años han luchado denodadamente por hacer prevalecer el Estado de Derecho, el resultado no puede ser otro que el de una imposición total del nacionalismo radical excluyente, fortalecido por la renuncia política de quienes no lo son. Y, salvadas las distancias, nos encontraríamos en aquella situación que Churchill, en solitario y ante la incomprensión de sus conciudadanos, denunció tras el acuerdo de Múnich: "Parecía haber sólo dos desagradables posibilidades: la guerra o la paz con deshonor. Ahora veo una tercera: la guerra con deshonor". No quiero hablar de guerra, porque rechazo hablar de paz, pero sustitúyase por "entrega" y estará dicho.

José Ignacio Wert es sociólogo y presidente de Inspire Consultores.