La policía interroga por orden de Garzón a cinco empresarios chantajeados por ETA

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó ayer a la policía que interrogara a cinco empresarios de Vizcaya y Guipúzcoa en calidad de testigos en relación con la investigación sobre la red de extorsión de ETA desarticulada el 20 de junio pasado. Los empresarios vizcaínos testificaron en la Jefatura de Policía de Bilbao y los guipuzcoanos en dependencias policiales de esa provincia. Forman parte de la larga lista de industriales u hosteleros vascos que han sido extorsionados por el denominado impuesto revolucionario de la organización terrorista. Garzón tomará declaración hoy al director de Diario de Noticias, Pablo Muñoz, acusado por la policía de "formar parte de la red" de extorsión y de haber intermediado en ella.

Los dos empresarios vizcaínos y los tres guipuzcoanos a los que la policía tomó ayer declaración por orden del magistrado Baltasar Garzón abandonaron las dependencias policiales de Bilbao sin que se tomara ninguna medida cautelar contra ellos.

Fuentes conocedoras de las diligencias realizadas ayer destacaron las nuevas formas empleadas por el juez Garzón -que evitó el viaje de los empresarios a Madrid para tomarles declaración-, en contraste con las detenciones cursadas por el juez Fernando Grande-Marlaska, que ordenó la detención de dos empresarios navarros de la construcción el pasado 23 de junio bajo la acusación de ceder al chantaje de ETA. Los arrestos generaron un profundo malestar en la patronal de la comunidad foral, que recordó que si se paga es porque "hay una situación muy extrema", aunque el chantajeado sepa que ese dinero ha llegado a las arcas de ETA y ha servido finalmente para cometer atentados.

Los dos empresarios navarros de la construcción, que a diferencia de los cinco de ayer acudieron en calidad de imputados, fueron puestos finalmente en libertad por orden del juez Marlaska, que pasó el testigo y con él la causa al juez que ahora la instruye, Baltasar Garzón

Declaraciones de testigos

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía tomaron declaración, en calidad de testigo, a un alto cargo directivo de un consejo de administración de un periódico de referencia en Guipúzcoa, dentro de la investigación de la red de extorsión de ETA desarticulada en las últimas semanas, según informaron fuentes judiciales. La declaración del directivo de prensa se produjo en la comisaría de Irún, según las mismas fuentes. También pasaron por comisaría otros dos industriales guipuzcoanos. En la Jefatura Superior de Policía de la capital vizcaína declararon un director de un conocido establecimiento hostelero bilbaíno y el directivo de un concesionario de una marca de coches internacional, según fuentes judiciales. Ambos habían sido objeto de la extorsión de la red.

Está previsto que Garzón tome declaración hoy en su juzgado a Pablo Muñoz, de 65 años, arrestado el pasado martes por su supuesta implicación en la trama del impuesto revolucionario. La policía atribuye al periodista Muñoz labores de intermediación con el sector empresarial navarro azotado por el chantaje de ETA, además de "formar parte de la estructura de la red", según precisó el día de su detención el miércoles pasado el Ministerio del Interior. Ese día fue arrestado también Jesús Iruretagoyena, de 66 años, finalmente puesto en libertad después de que la fiscalía no pidiera prisión para él y se limitara a solicitar una serie de medidas cautelares, como comparecencias semanales en el juzgado o comisaría más próxima a su domicilio y la prohibición de abandonar el territorio nacional que el juez le impuso. Iruretagoyena abandonó la Audiencia Nacional ayudándose de unas muletas, debido a la operación de rodilla -le implantaron una prótesis- que había tenido hace unos días.

Ayer, además, el dirigente del PNV Gorka Aguirre, imputado por colaboración con banda armada por mediar y tratar con la red de extorsión desarticulada por los policías españoles y franceses, y el ex presidente del PNV Xabier Arzalluz interpusieron una denuncia en los juzgados de la Plaza Castilla de Madrid por revelación del secreto de sumario de la red de extorsión y la conculcación de los derechos que les corresponden (artículo 466 del Código Penal). En la denuncia adjuntaron un dossier de prensa con todo lo que se había publicado hasta la fecha en relación con un sumario que ha sido declarado secreto por el juez que instruye la causa.

En las fotocopias se recogen las transcripciones que han ido apareciendo en diferentes medios de comunicación de las conversaciones mantenidas entre Joseba Imanol Elosua, que operaba supuestamente para recaudar el dinero para ETA desde el bar El Faisán de Irún (Guipúzcoa), con, entre otros, el propio Aguirre y el ex presidente peneuvista. Arzalluz ha declarado en esta causa en calidad de testigo, mientras que Aguirre ha pagado 30.000 euros de fianza para evitar la prisión y debe presentarse semanalmente en el juzgado, además de tener prohibida la salida de España.