Conferencia euroafricana
La música que ha sonado ayer y el lunes en Rabat durante la primera conferencia euroafricana sobre inmigración ha sido relativamente aceptable. Otra cosa es que el documento final y el plan de acción que emanan de la reunión entre los 25 socios de la Unión Europea y 27 países de África Occidental fructifiquen convirtiendo los compromisos en realidad. De momento, lo que sí es importante -sobre todo para España, el socio comunitario más afectado por el flujo migratorio africano- es que la UE haya decidido abordar el problema de manera global y que los países del continente negro hayan aceptado, claro está, de momento sólo sobre el papel, readmitir inmigrantes en situación irregular.
Los europeos han entendido que el drama no se soluciona simplemente endureciendo las medidas de control y vigilancia. Sin duda, hay que tomarlas si se quiere reducir de algún modo la marea humana -a Canarias han llegado cerca de 10.000 sin papeles en lo que va de año, el doble del año pasado-, pero no bastan si no van acompañadas de mucha más ayuda al desarrollo y de protección e incentivos de trabajo para aquellos que logran legalizar su estancia en Europa. Sobre eso se ha hablado en esta conferencia, auspiciada por España, Francia y Marruecos, pero a la que no ha asistido Argelia, en protesta por entender que españoles y franceses lo han cocinado todo previamente con sus vecinos y enemigos marroquíes. Hay que esperar que Argel participe en la que en principio se celebrará antes de fin de año en Libia con la presencia de toda la Unión Africana.
Los africanos han aceptado que se pongan en marcha sistemas eficaces de readmisión de ilegales tanto en el ámbito bilateral como regional, el desarrollo de mecanismos de cooperación judicial y policial y la instauración de un observatorio euroafricano de alerta precoz sobre flujos migratorios. Es un avance que se comprometan a firmar acuerdos de readmisión; teóricamente, estarían obligados a hacerlo en función de los Acuerdos de Cotonú con la UE. España, que en esta reunión ha anunciado una ayuda de 30 millones de euros para infraestructuras y microcréditos, ha cerrado ya acuerdos de repatriación con algunos de esos países. La duda es saber qué eficacia tendrán.
Pero igualmente importante es que las naciones que sirven de paso alcancen acuerdos con las subsaharianas y con la UE y respeten los derechos humanos de los ilegales. Las muertes ocurridas el verano pasado y la semana última en Ceuta y Melilla meten el dedo en la llaga sobre la discutible actitud de la policía marroquí. Marruecos sigue, entretanto, negociando desde hace dos años un acuerdo de readmisión con Bruselas, pero busca más beneficios económicos, al tiempo que continúa incumpliendo el suscrito con España.
