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Tres ex ediles marbellíes confiesan al juez que recibieron comisiones

Los pagos a concejales los hacía Roca en función de su rango

Las comparecencias ante el juez del caso Malaya, Miguel Ángel Torres, han supuesto que tres ex concejales arrepentidos confesaran que recibieron comisiones ilegales del presunto cabecilla de la red de corrupción del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca. El propio juez confirma en un auto el cobro de dinero ilegal en sobres por parte del ex concejal de Obras Vicente Manciles, Carmen Revilla, anterior teniente alcalde de San Pedro Alcántara, y José Luis Fernández Garrosa, ex concejal de Personal y Régimen Interior.

Del rosario de 13 ex concejales detenidos en la segunda fase de la Operación Malaya, tres han confirmado al juez las sospechas de los investigadores, que apuntaban a que recibían sobres con dinero tras la aprobación de licencias urbanísticas en los plenos municipales. Fuentes de la investigación han confirmado que la ex edil Carmen Revilla, en libertad bajo fianza, confesó en su interrogatorio ante el magistrado haber recibido 240.000 euros en los dos últimos años del ex gerente de Urbanismo, Juan Antonio Roca. Asimismo, los ex concejales Vicente Manciles y José Luis Fernández Garrosa, ambos en prisión e imputados por cohecho relacionado con tráfico de influencias y prevaricación, han confesado estos cobros fraudulentos.

Los pagos de Roca a los concejales, denominados "entregas, sobres o salidas", respondían a las aportaciones de los promotores y los realizaba el ex gerente de Urbanismo en función del rango que ostentaban los ediles. La pirámide de corrupción municipal en la que al parecer estaba involucrado casi la totalidad del equipo de gobierno estaba encabezada por la ex alcaldesa Marisol Yagüe, la ex teniente alcalde Isabel García Marcos y el ex edil Carlos Fernández, actualmente en busca y captura por la Policía.

Roca utilizaba el Ayuntamiento como un mero instrumento y a los concejales para sustentar un negocio redondo. "El Ayuntamiento le permite realizar sus negocios, despreciando el interés general, para lo que no duda en comprar voluntades de personas como los concejales, que aprueban sin más, como consecuencia de las cantidades recibidas, lo que negoció el señor Roca", argumenta el juez en el auto.

Mientras, la ex alcaldesa Marisol Yagüe, encarcelada desde el pasado 29 de marzo, dedica su tiempo libre en la prisión provincial de Málaga a leer y a rezar en la Iglesia, según informó ayer Efe. "A Yagüe le costó integrarse porque estaba muy deprimida y no paraba de llorar durante los primeros días", declararon varias reclusas. "Aunque Yagüe no participa mucho en las actividades que se ofrecen en la prisión, no duda en ayudar a las compañeras a hacer escritos", añadieron las internas. El abogado de Yagüe, Pablo Luna, alegó en el recurso contra el auto de prisión dictado por el juez Torres que la ex alcaldesa sufre una "depresión crónica".

Por el contrario, su compañera de celda y ex teniente de alcalde Isabel García Marcos, también en prisión desde el comienzo de la Operación Malaya, "se muestra guerrera, decidida, y en su salsa". García Marcos se relaciona más con el resto de compañeras del módulo de mujeres y "se muestra entregada" en las actividades y talleres del centro.

La tránsfuga socialista fue considerada durante su actividad política el azote de Jesús Gil, y en sus encarnizados enfrentamientos con el fallecido alcalde siempre mostró gran entereza pese a los constantes insultos del regidor.

Las reclusas definieron la relación con ambas políticas como "normal", y apuntaron a que éstas pasan más tiempo y han congeniado mejor con las reclusas de origen latino, especialmente con las colombianas.

Expediente al secretario

El Ministerio de Administraciones Públicas estudia iniciar la apertura de diligencias contra el ex secretario del Ayuntamiento de Marbella Leopoldo Barrantes, tras haber sido imputado por tráfico de influencias y prevaricación por el juez Miguel Ángel Torres en la Operación Malaya. El parlamentario de IU Antonio Romero informó de una respuesta parlamentaria remitida por el ministro Jordi Sevilla, en la que aclaraba que el Estado "puede incoar expediente disciplinario cuando por la gravedad de los hechos denunciados pueda dar lugar a su destitución". Por su parte, el vocal de Juventud y Deportes de la comisión gestora, Eduardo Zorrilla, solicitará al ministerio que abra expediente a Barrantes, quien se encuentra en prórroga de jubilación y ésta le será concedida la próxima semana, según fuentes municipales.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 12 de julio de 2006

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