Los pilotos mantienen la huelga en Iberia pese a la mediación de Fomento

Las espadas siguen en alto. El sindicato de pilotos SEPLA mantiene la huelga en Iberia del 10 al 16 de julio. El secretario general de Transportes, Fernando Palao, discutió ayer durante dos horas con los pilotos para tratar de alcanzar un acuerdo. La reunión, celebrada en el Ministerio de Fomento, no dio fruto. Previsiblemente, habrá más contactos hasta el domingo. El SEPLA exige garantías y avales "con validez jurídica" de mantenimiento de empleo por el lanzamiento de la filial de Iberia, Catair. Mientras, la compañía ha iniciado trámites para denunciar la huelga que anulará 1.600 vuelos.

La reunión de ayer en Fomento, calificada por el departamento de "simple sesión informativa, no de mediación", no dio ningún fruto aparente. Al término de la misma, informa Manuel V. Gómez, ninguna de las partes quiso hacer declaraciones. Los contactos, según fuentes cercanas a las negociaciones, continuarán durante el fin de semana.

Así, en pleno enfrentamiento entre el sindicato que dice representar a los 1.800 pilotos de Iberia y la dirección de la compañía, lo más concreto es el número de vuelos afectados ya por la convocatoria de huelga. Si la protesta se mantiene, la próxima semana se anularán 1.600 vuelos, según la línea aérea.

Iberia inició ayer ante la Dirección General de Trabajo los trámites para solicitar la declaración de ilegalidad de la huelga. Cumplido el trámite del acto de conciliación, la compañía emprenderá acciones contra los convocantes de la huelga ante la Audiencia Nacional. El argumento de Iberia es que los pilotos vulneran la libertad de decisión empresarial.

El sindicato de pilotos desconfía de las intenciones reales de Iberia al crear la filial Catair. Según explicó ayer en conferencia de prensa el jefe de la sección sindical del SEPLA en Iberia, Bernardo Obrador, el sindicato cree que Catair puede ser un medio para crecer al margen de la Iberia tradicional. Por ello, confirmó Obrador, los pilotos exigen garantías y avales que aseguren sus salarios hasta los 65 años.

El sindicalista, que tildó a los sindicatos UGT y CC OO -opuestos a la huelga- de "sindicatos amarillos a las órdenes de Iberia", restó importancia al hecho de que los pilotos se hayan convertido en un colectivo de empleados pionero. Y ello porque exigen a su empresa avales bancarios anuales y pignoración de bienes y derechos para asegurar sus sueldos hasta la jubilación, con una subida anual del IPC más dos puntos. "De las garantías se ocupan nuestros asesores jurídicos", dijo Obrador.

Iberia estimó ayer que las garantías que exige el SEPLA equivalen a tres veces el valor de la compañía: unos 6.000 millones de euros. Pero pese a las cifras, los representantes del SEPLA insisten en que su reivindicación no es salarial, ni cuestiona el derecho de la compañía a crear una filial como Catair. "Simplemente, defendemos los puestos de trabajo de 2.000 familias", indicó Obrador.

"Nos jugamos la vida"

Éste lanzó también duras acusaciones contra la dirección de Iberia. Según el SEPLA, sólo en 2005, el presidente Fernando Conte y el ya ex consejero delegado Ángel Mullor cobraron 265 y 269 millones de las antiguas pesetas (1,59 y 1,61 millones de euros respectivamente) tras subirse el sueldo un 38% respecto a 2005. Obrador contrapuso esas cifras "a los 190.000 euros anuales de media que cobra un comandante con 20 o 30 años de servicio", cantidad merecida "porque nos jugamos la vida todos los días, nos examinan cada seis meses y llevamos 400 vidas detrás".

Las razones del SEPLA, cuyos pilotos "no quieren volar Catair" precisó Obrador, no son entendidas ni por los sindicatos UGT y CC OO, que solicitan la intervención del Gobierno, ni por las asociaciones empresariales del sector aéreo (ACETA, ALA) ni por las agencias de viaje. Para todas ellas, la huelga es "desproporcionada y abusiva".

Desde el Gobierno, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, destacó ayer que Iberia "es una compañía privada", aunque "estamos tratando de ofrecer nuestra capacidad de ayuda" para salvaguardar "el servicio a los ciudadanos".