Objetivo, marginar a Zapatero

La visita de Benedicto XVI para asistir al V Encuentro Mundial de las Familias llega precedida por una agria polémica entre la Generalitat y el Arzobispado de Valencia con el Gobierno. Desde la organización del Encuentro, formada en su mayoría por militantes del PP y miembros del Opus Dei, se ha buscado deliberadamente la marginación del Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero con el argumento de que el viaje del Papa era "estrictamente pastoral". Una argumentación con la que se pretendía obviar la condición de visita de Estado inherente al viaje papal, muy conveniente para los intereses del Consell que preside Francisco Camps y del arzobispo Agustín García-Gasco.

Los esfuerzos del Gobierno autonómico y del arzobispado por marginar a Zapatero tropezaron incluso con los usos y costumbres diplomáticos; el Papa, en calidad de Jefe de Estado, no puede visitar ningún país si no es invitado por el Gobierno de éste. Una condición que se cumplió el 5 de septiembre de 2005 en Castelgandolfo. En esa fecha los Reyes invitaron al Papa a visitar España, a través de una carta del presidente del Gobierno. En esa misma reunión también se le entregó una carta del presidente de la Generalitat valenciana con idéntico propósito. El arzobispado de Valencia, en sus notas oficiales, siempre ha omitido este hecho. Incluso ha llegado a desmentir al secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, negando que Rodríguez Zapatero hubiera cursado invitación al Papa.

El arzobispado asegura que no hay otras invitaciones formales que el interés mostrado por Juan Pablo II en 2003 en visitar Valencia para la celebración del Encuentro Mundial de las Familias y la ratificación de esta ciudad como sede el 17 de mayo de 2005 por Benedicto XVI.

Todo este enredo diplomático y cronológico se complicó aún más a raíz de una hipotética ampliación de la visita papal a Madrid y Navarra -una posibilidad que estudiaba la Conferencia Episcopal Española y el propio Vaticano- que al Gobierno le pareció "excelente". Esta hipótesis se trasladó a la opinión pública desde la organización del Encuentro de las Familias de la siguiente manera: Zapatero exigía que el Papa le visitase en Madrid porque temía las críticas a su política por parte de los asistentes el Encuentro en Valencia. En realidad lo que se pretendía, sostienen fuentes gubernamentales, era que el Papa no se entrevistase con Zapatero, tensando la situación. Posteriormente, cuando se supo que el presidente del Gobierno sería recibido por el pontífice en audiencia, se presentó ésta como una humillación. El Papa visitaría a Francisco Camps en el palacio de la Generalitat, pero el presidente del Gobierno acudía al palacio arzobispal a visitar a Benedicto XVI como quien va a Canosa.

El punto álgido del enfrentamiento entre Generalitat y Gobierno fue el 4 de abril: Esteban González Pons, portavoz del Consell, disolvió una reunión que se celebraba en el palacio de la Generalitat entre representantes del Gobierno y miembros de la Fundación del Encuentro. González Pons, según la versión que se filtró desde el Ejecutivo autonómico, literalmente desalojó a los delegados de la Moncloa que se interesaban por detalles de la visita para poner en marcha el dispositivo de seguridad del Papa y las acreditaciones a los medios de comunicación. Los organizadores del viaje pretendían que el dispositivo de seguridad estuviera coordinado por un concejal. El Gobierno esta vez no cedió: "No es un capricho. El Gobierno español está obligado a garantizar la seguridad de Su Santidad desde que baja hasta que sube del avión. Es imposible hacer una dejación de funciones tan grave".

El control de la televisión se convirtió en otro frente con el Gobierno. El núcleo duro de la organización del Encuentro decidía el 23 de febrero que lo tuviera la cadena autonómica de televisión, Canal 9 porque, según el arzobispo, TVE no se había interesado por el evento y, además, era "el altavoz en sus informativos de grupos que incitan a la violencia contra el Santo Padre". Los informativos de Canal 9 se caracterizan por estar al servicio del presidente de la Generalitat y de los intereses del PP.