Precisión

Me dirijo a usted en relación con la información publicada por su periódico del 30 de junio, página 46. Esta información llevaba por título El 59% de las denuncias por maltrato tramitadas de enero a marzo acabaron archivadas por los jueces.

Éste es precisamente el motivo de mi misiva. Como presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, considero que el citado titular es erróneo, así como parte de la información, que tuvo su origen en el curso de la inauguración del III Seminario de Juzgados de Violencia sobre la Mujer, celebrado en Barcelona entre el 29 y el 30 de junio.

En el arranque de la información el autor también vuelve a inducir a error de un modo evidente. Dice: "El 59% de las denuncias por violencia doméstica que se tramitaron durante el primer trimestre de este año quedaron archivadas por los jueces sin que ni siquiera se celebrara juicio al no encontrarse indicios para continuar el procedimiento o no localizar al denunciado".

Como presidenta del Observatorio, sostengo que ese dato es erróneo, porque no es cierto que el 59% de dichas denuncias fuera archivado. Concretamente, entre el 1 de enero y el 31 de marzo se produjeron 37.504 denuncias por maltrato, que fueron tramitadas. De esas 37.504, 22.140 fueron terminadas de diversas formas. El 59% de esas 22.140 fueron sobreseídas -archivadas-.

El lector queda, por tanto, con la impresión de que ese 59% se refiere al total de denuncias tramitadas -37.504-. Y no es verdad. Se está refiriendo al 59% de las 22.140 denuncias terminadas.

Para ser fieles a la realidad, el periodista debería haber titulado que el 34,8% de las denuncias tramitadas quedaron archivadas en el primer trimestre. Porque ese porcentaje equivale a las 13.082 denuncias que fueron efectivamente archivadas respecto a la cifra total de 37.504.

El interés de que se publique esta carta reside en que, de no hacerlo, el ciudadano quedaría con la impresión de que las mujeres denuncian sin fundamento y que los jueces archivan más de la mitad de los casos que les llegan, además de poner en tela de juicio la propia estadística del Consejo General del Poder Judicial, que es de donde emanan estos datos, y de cuya documentación no se desprende esta información errónea.