Reunión bajo lupa

La reunión prevista para mañana entre los socialistas vascos y Arnaldo Otegi y otros dirigentes de la ilegalizada Batasuna puede llegar a los dominios de la Sala Civil y Penal del Tribunal de Justicia del País Vasco. O a los del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, de nuevo bajo el control del juez Baltasar Garzón, ante el que ha sido presentada una denuncia con la pretensión incluso de que se prohíba su celebración de antemano. Ya sucedió con una reunión del mismo tipo mantenida por el lehendakari Juan José Ibarretxe, objeto de una demanda admitida a trámite en su día.

La Ley de Partidos, independientemente de las críticas que ha recibido -por parte de Amnistía Internacional la última-, ha servido para arrinconar a los violentos. No tiene sentido que ahora quiera utilizarse de nuevo, junto a una lectura interesada y sesgada tanto de la sentencia del Supremo sobre la ilegalización de Batasuna como del auto de suspensión de sus actividades dictado por el juez Grande-Marlaska, con el objetivo de obstaculizar el plan para el abandono definitivo de la violencia por parte de ETA.

El Foro de Ermua, en el primer caso, y Dignidad y Justicia y España y Libertad, dos de las varias asociaciones que han hecho bandera del activismo jurídico contra los anunciados contactos del Gobierno con ETA, en el segundo, están en su derecho de acudir a los tribunales si consideran que alguien vulnera la ley. Pero los tribunales tienen el deber de acoger con suma cautela los intentos de instrumentalizarlos y de azuzar su celo hacia una determinada e interesada interpretación de la ley y de la aplicación del Estado de derecho.

El Tribunal Supremo ya salió al paso de parecidos intentos a raíz de las querellas presentadas por Manos Limpias, el Sindicato España 2000 y la Asociación de Víctimas del Terrorismo contra Josep Lluís Carod Rovira por su reunión con ETA en Perpiñán en enero de 2004. El Supremo rechazó de plano las querellas por no considerar delictiva dicha reunión. Y es que el juicio político negativo que puedan merecer un hecho o una persona -y la entrevista de Perpiñán lo tuvo, y muy merecidamente- no puede trasladarse sin más al ámbito penal. Cada cual tiene sus reglas propias.

Esas reglas las confunden quienes llevados de su rechazo político a Otegi y demás dirigentes de la ilegalizada Batasuna, les niegan lo que ni la sentencia de ilegalización ni el auto judicial de suspensión de sus actividades les han quitado: sus derechos civiles y políticos. Trazar la línea divisoria entre estos derechos y la prohibida actividad orgánica de Batasuna no es fácil, pero es obligación de la justicia delimitarla para, de un lado, no vulnerar derechos, y de otro, no amparar la impunidad. Es coherente, por ello, que el fiscal de la Audiencia Nacional realice un informe previo sobre la legalidad de la reunión. No lo es, en cambio, la actitud del Partido Popular, que si por un lado mostró su acuerdo con un contacto con ETA para exigirle que entregue las armas, rechaza por el otro una reunión con los dirigentes de la ilegalizada Batasuna para decirles que deben desmarcarse de la violencia si quieren participar en la política.