Busquemos al tonto

La segunda fase de la llamada Operación Malaya está finalizando. El resultado de esta ofensiva judicial contra la corrupción política urbanística en la Costa del Sol está concluyendo con más de 30 detenidos y, entre ellos, las dos terceras partes del Ayuntamiento marbellí y más de 13 empresarios dedicados a la construcción. Además, como resultado de las últimas investigaciones, se anuncia una tercera fase.

La Administración de Justicia está trabajando a destajo. Tras muchos años de silencios se intenta acabar con esta corrupción política urbanística. Es un signo alentador. Más en unos tiempos en lo que la especulación urbanística y el tipo de delitos que se están instruyendo no son exclusivos de la ciudad de Marbella. En otros ayuntamientos y en otras ciudades también se investiga a políticos y a promotores inmobiliarios por hechos similares. Son actuaciones judiciales que rompen con la impunidad que se sabía existía en Marbella; ahora el ejemplo es el contrario. Un ejemplo que se va extendiendo y puede ayudar a poner coto a tantos desmanes urbanísticos.

Es un horizonte en el que no tienen cabida ni se entiende, a pesar de las matizaciones dadas, las declaraciones del presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial por las que responsabiliza exclusivamente a políticos de los delitos que se investigan, al tiempo que exime de toda responsabilidad a los empresarios afectados por la investigación a los que considera víctimas de los delitos que pudieran haberse cometido.

Es verdad que todos los imputados y, entre ellos los empresarios, están bajo el paraguas de la presunción de inocencia aunque a estas alturas de la instrucción, dadas las imputaciones de delitos que se contienen en las resoluciones judiciales motivadas que han determinado su ingreso en prisión o las fianzas prestadas para evitarla, algo menos.

Sin embargo, esta presunción legal no puede llevarse al absurdo que hace el presidente de esta federación. Es contra toda razón que se convierta en delincuentes a los políticos, por el hecho de serlo y, en cambio, se convierta en víctimas a los empresarios, por su condición de empresarios y les considere sujetos pasivos de una extorsión.

Son declaraciones que, además de servir para hacer el ridículo, no se sostienen en pie en un Estado de Derecho que cuenta con los mecanismos de defensa necesarios para no sufrir consecuencias de esta naturaleza. Menos en este caso. El potencial social y económico de los empresarios imputados -algunos han acudido a la llamada judicial hasta con cuatro abogados- sin duda les bastarían para defenderse de cualquier clase de extorsión.

No se trata de andar reflexionando sobre hechos, cuya prueba y calificación final, corresponde a los tribunales. Sí, en cambio, destacar que declaraciones como las que ha hecho este presidente, y que debería rectificar con toda rotundidad, pueden servir a algunos para entender lo contrario de lo que está consiguiendo la Operación Malaya, esto es que no se toleran los casos de corrupción.

Tal vez, quiero pensar, que el empresariado se defiende mejor cerrando filas a favor de aquellos que obtienen sus beneficios conforme, dentro y con las reglas del sistema económico, por lo que declaraciones como las que nos ha regalado este presidente no ayudan en nada. Es más, de seguir por este camino algunos van a terminar por reír las gracias que se atribuyen al llamado cerebro Roca. Dicen que, hace algunos años, su primera lección empresarial fue la siguiente: "Cada día se levanta un tonto al que se le puede robar el solar. Encontremos a ese tonto". Una búsqueda que no es a la que se dedica el empresariado español y andaluz en general y, por tanto, no necesita de estos defensores que, con sus manifestaciones, en lugar de defenderles lo que hace es meterles a todos en el mismo saco.