Nuevas necesidades y nuevos necesitados

Rafael Blasco se estrenó como consejero de Sanidad con la tarjeta sanitaria cinco millones. De hecho, ante el Ministerio de Sanidad ha esgrimido un total de 5.007.000 tarjetas sanitarias, es decir, de personas susceptibles de ser atendidas por el Servicio Valenciano de Salud.

La tarjeta sanitaria (SIP) tiene un cierto carácter inflacionista, puesto que se distribuye sin mayor control a personas itinerantes, pero las cifras muestran una tendencia. Entre diciembre de 2005 y mayo de 2006, el sistema sanitario valenciano incorporó 50.000 potenciales usuarios. Una sencilla regla de tres apunta que a finales de año, la población protegida habrá crecido en torno a 120.000 personas.

La evolución de la población efectivamente protegida por el sistema nacional de salud en los últimos años subraya la validez de la hipótesis. A lo largo de 2002, la población oficialmente protegida por el sistema nacional en territorio valenciano sumó 120.000 personas. En 2003, 140.000. En 2004, apenas 70.000. Y en 2005, algo más de 150.000, como resultado de la regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno.

Los porcentajes de crecimiento de la población protegida, superiores al 3% en varios años consecutivos, no tienen parangón a escala europea y son más propios de países en vías de crecimiento.

Pero los servicios que reciben los usuarios, además, se actualizan al ritmo de la evolución tecnológica más frenética. Las nuevas prestaciones generan nuevas demandas y costes.

Todas las cifras que baraja el sistema nacional de salud proceden de presupuestos oficiales. Pero cuando se liquidan los presupuestos y aparecen en los cajones facturas por valor de 1.200 millones de euros que no se pudieron asumir en 2004, o cuando los proveedores denuncian que tardan dos años en cobrar los productos que sirven al Servicio Valenciano de Salud es cuando se aprecia el auténtico calibre del problema.