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ANÁLISIS | NACIONAL
Columna
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Juegos de estrategia

EL COMPROMISO DEL PRESIDENTE Zapatero de comunicar al Congreso antes de la clausura del periodo de sesiones el inicio de los contactos del Gobierno con ETA para lograr el final dialogado de la violencia -en el marco de la resolución aprobada por la Cámara el 17 de mayo de 2005- fue materializado el pasado jueves de forma heterodoxa. La esperada sesión plenaria fue sustituida por la información individualizada del ministro del Interior a los portavoces de los grupos parlamentarios y por una rueda de prensa del presidente del Gobierno en el escritorio del Congreso. Todos los grupos, salvo el PP, dieron el visto bueno a la decisión tomada.

Los juegos de estrategia de los interlocutores en una negociación pueden ocultar sus propósitos últimos. Así, los amenazadores comunicados de ETA posteriores a la tregua del 22 de marzo, las reticencias de los dirigentes de Batasuna a legalizar su situación mediante nuevas siglas y estatutos, los provocadores juicios de ruptura teatralizados en la Audiencia Nacional por presos acusados de graves crímenes y las dudas existentes sobre el rebrote del impuesto revolucionario y de la kale borroka se prestan a interpretaciones contrapuestas. ¿Son indicios del empecinado fanatismo de una secta convencida de su victoria final, o sólo argucias tácticas para reforzar su debilitada posición de partida?

El ministro del Interior comunica a los portavoces de los grupos parlamentarios y el presidente anuncia en una rueda de prensa la decisión de iniciar de manera oficial los contactos con ETA

Por ahora, la única estrategia a piñón fijo en el escenario es el beligerante rechazo del PP a la iniciativa de Zapatero. A diferencia del apoyo que el principal partido de la oposición (popular o socialista) prestó al Gobierno de González o de Aznar durante las conversaciones mantenidas con ETA en 1989 y 1999, el PP no sólo niega su colaboración al Ejecutivo, sino que además le sabotea con todos los medios a su alcance. Con su habitual rusticidad, el presidente de honor de los populares llevó a la exasperación el pasado martes el obstruccionismo de su partido: Aznar acusó al Gobierno de haber puesto en marcha un proceso de "entrega, sumisión y rendición" a los terroristas. El secretario general del PP, Ángel Acebes, había expresado ya esa misma hostilidad con una crudeza y tosquedad aún mayores si cabe: "El programa de ETA es el programa de Zapatero".

Los dirigentes populares muestran un apetito omnívoro para metabolizar cualquier argumento a favor de su tesis, contaminando de mala fe hasta las conjeturas en sí mismas razonables. Rajoy plantea al Gobierno condiciones de imposible cumplimiento a cambio del respaldo de su partido. Contra la versión dada por el presidente del PP, la clara voluntad de poner fin a la violencia mediante actitudes inequívocas -exigida por la moción del Congreso para iniciar el diálogo del Estado con ETA- no puede ser interpretada de forma tal que sólo la inmediata disolución y entrega de las armas por la banda terrorista pudiera probarla.

Hay motivos para suponer que los populares quieren impedir a todo trance que Zapatero tenga éxito allí donde fracasó Aznar: la ruindad personal y el electoralismo rampante explicarían esa desleal actitud. El secuestro de la cúpula del partido por un grupo de dirigentes tan oportunistas como sectarios empuja al PP a una brutal confrontación con el Gobierno que manipula de forma irresponsable los sentimientos y las emociones de las víctimas del terrorismo. Esa fría estrategia desestabilizadora juega con dos barajas de cartas marcadas. Si la tentativa de alcanzar un final dialogado de la violencia descarrilase (como ya sucedió en Argelia y Suiza), el PP responsabilizaría al Gobierno de los atentados y asesinatos que el regreso a la vía criminal de ETA pudiera causar. Pero si el proceso avanzase, los dirigentes populares acusarían entonces a Zapatero de llevar a la práctica su diabólico pacto secreto con la banda terrorista para romper la unidad de España, anexionar Navarra al País Vasco, promover la unidad territorial de Euskal Herria (incluidos los territorios vasco-franceses ultrapirenaicos) y garantizar la independencia y soberanía de esa nueva entidad política. No deja de ser paradójico que el derrotista pronóstico del PP coincida con las esperanzas de ETA y le estimule a plantear su estrategia negociadora en esa fatalista perspectiva.

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