El Parlamento aprueba la primera ley de Suelo de Euskadi tras 26 años de autonomía
Su prioridad es acabar con la especulación y facilitar a los jóvenes el acceso a la vivienda
El Parlamento aprobó ayer en una sesión histórica la primera ley de Suelo de Euskadi después de 26 años de autonomía. El País Vasco fue la primera comunidad en recibir la competencia en materia de suelo y vivienda, pero ha sido la última en dar luz verde a una norma para regular este ámbito. Su principal objetivo es facilitar el acceso a los jóvenes a su primera vivienda construyendo más pisos protegidos e intentando abaratar el coste de las casas del mercado libre. Para ello, amplía las reservas de suelo para pisos protegidos y crea instrumentos de gestión urbanística.
La ley salió adelante con el apoyo de PNV, EA, Ezker Batua, PSE y Aralar. PP y EHAK, que defendieron hasta el final sus enmiendas de totalidad, votaron en contra. Los populares han anunciado un posible recurso de inconstitucionalidad por estimar que la norma invade competencias de las diputaciones en materia urbanística.
La propuesta para elaborar un proyecto de ley de Suelo ha sido una constante en los calendarios legislativos de los sucesivos gobiernos autónomos. Sin embargo, nunca se había materializado. La ley aprobada ayer supone el quinto intento desde 1979. La cuarta versión también correspondió al actual consejero de Vivienda, Javier Madrazo, de EB, quien ayer vivió su mayor momento de satisfacción desde que es titular de esta cartera (la legislatura pasada y ésta). La nueva ley, que entrará en vigor en septiembre, refundirá hasta siete normas aprobadas desde 1994 para poder cubrir parcialmente los vacíos legales que dejó la sentencia del Tribunal Constitucional que derogó las disposiciones de la Ley de Suelo estatal sobre urbanismo, por estimar que estas competencias correspondían a las autonomías.
Desde entonces, se ha ido tirando con los parches legales que ha aprobado el Parlamento y con la legislación básica del Estado en los aspectos que no fueron derogados. Entre esas leyes sectoriales figura la que establece los porcentajes de reserva de suelo para vivienda protegida, conocida como ley Maturana en honor del consejero que la elaboró, y que hasta ayer eran del 65% en suelo urbanizable y del 20% para el suelo urbano.
Derecho a la vivienda
El consejero Madrazo enfatizó que la ley de Suelo nace con la vocación de consolidar el derecho a la vivienda como "un derecho social y universal" y aspira a cerrar la "brecha" entre los ingresos medios de una persona joven y el precio de una vivienda en propiedad o en alquiler. "Es decir, que su salario les permita acceder a un piso y con él a su autonomía".
Las reservas que se establecen en el suelo urbanizable y urbano para la construcción de los pisos de protección oficial y tasados y los instrumentos que se establecen para la gestión de los terrenos son los principales instrumentos que introduce la ley para combatir la retención de los solares por parte de sus propietarios y, por lo tanto, la especulación.
Las actuaciones especulativas, en unos casos, y la mala gestión de los terrenos, en otros, son los factores que provocan la carestía de las viviendas. Los pisos cuestan hoy el doble que en 1997, sin que el alquiler ofrezca alternativas ya que resulta escaso y caro. Éste ni siquiera representa el 10% de la oferta total, a diferencia de lo que ocurre en otros países de la UE, donde llega a suponer el 40% por término medio, como es el caso de Alemania. Cómo conseguir suelo más barato y, sobre todo, acabar con la lentitud de los trámites burocráticos para urbanizar son las claves de la ley, según Madrazo.
La norma ha contado con el imprescindible apoyo del PSE, que durante la dificultosa tramitación ha conseguido introducir una serie de retoques, elevando el porcentaje de reserva de suelo para pisos protegidos y otorgando más autonomía a los ayuntamientos. El apoyo de los socialistas, que cerraron un acuerdo extraparlamentario con Madrazo en marzo, ha hecho posible la aprobación de la ley, ya que el Gobierno se encuentra en minoría y el resto de la oposición rechaza frontalmente la norma. Según el PP, el precio de los pisos libres subirá más porque los promotores repercutirán sobre ellos lo que dejan de ganar con las promociones públicas. En cambio, para EHAK la ley sólo busca el negocio de los constructores, olvidándose de los ciudadanos.
Madrazo ha tenido que vencer reticencias incluso dentro del propio Gobierno, ya que el grupo parlamentario del PNV, primero, y las diputaciones gobernadas por los nacionalistas después han intentado variar sustancialmente el proyecto.
[EB ha denunciado pintadas en su sede de Barakaldo contra Madrazo, firmadas por Segi. El jueves, cinco encapuchados irrumpieron en la sede de Vitoria y pintaron con espray "Madrazo especulador"].
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
- Javier Madrazo
- Plenos parlamentarios autonómicos
- Debates parlamentarios autonómicos
- VIII Legislatura País Vasco
- Legislación urbanística
- Comunidades autónomas
- Parlamentos autonómicos
- Ordenación suelo
- Gobierno autonómico
- Gobierno Vasco
- Actividad legislativa
- Administración autonómica
- Política autonómica
- Desarrollo urbano
- Parlamento
- Vivienda
- País Vasco
- España
- Política
- Legislación
- Urbanismo
- Administración pública
- Justicia