17 entidades cívicas presentan alegaciones contra el proyecto de Can Batlló
Un total de 17 entidades de Sants-Montjuïc han presentado un pliego de alegaciones contra los planes de intervención urbanística del polígono industrial de Can Batlló, ubicado junto a la Gran Via, cerca de la plaza de Cerdà, publicados el mes pasado por el Ayuntamiento de Barcelona.
Las asociaciones de vecinos de Badal, La Bordeta, Brasil, Hostafrancs y el Triángulo de Sants, junto con la Asociación de Disminuidos de Sants-Montjuïc, cinco asociaciones de comerciantes y varias entidades deportivas demandan que la gestión urbanística de la parte industrial se haga por el sistema de cooperación, como planteaba la propuesta anterior, y no por el de compensación. Esta modalidad, aseguran los firmantes, abre la puerta para que se le delegue la reparcelación a Desarrollos Inmobiliarios Grupo Gaudir, propietaria mayoritario de la parte industrial del complejo.
Según las alegaciones, la empresa, que representa los intereses de las herederas del financiero desaparecido Julio Muñoz Ramonet, "tiene una trayectoria conocida: defender sólo sus intereses, en detrimento del resto de propietarios y de los industriales que permanecen en Can Batlló".
Pisos protegidos
Las entidades piden también que se limite la superficie destinada a pisos libres y que el porcentaje de viviendas de protección oficial vuelva al 50%. Los planes presentados en mayo aumentaron el número de pisos de 571 a 1.455, pero redujeron los protegidos a la tercera parte del total. Este punto es neurálgico en los planes municipales, pues con él se pretende garantizar la viabilidad económica del proyecto.
El documento se refiere además a informaciones periodísticas que apuntan a la posibilidad de que la mezquita que funciona en el camino de la Cadena pase a formar parte de los equipamientos que se construirán en el polígono. "Respetamos todas las creencias religiosas", dicen los vecinos, "pero creemos que pertenecen al ámbito individual y que han de ser asumidas por los feligreses, nunca desde las administraciones públicas; por eso entendemos que en una superficie para equipamientos no puede haber ningún espacio de culto, sea de la religión que sea". Para eliminar los vacíos en este campo, reclaman un plan especial de equipamientos que justifique la asignación de cada uno de ellos.
Asimismo, solicitan un estudio de movilidad "verosímil", que tenga en cuenta la proximidad de la Ciudad de la Justicia y de la nueva sede del Departamento de Medio Ambiente, que se construirá en Can Batlló.
Las 17 entidades dicen no entender por qué desaparece la conexión de las calles de Quetzal y Constitució, advierten sobre la "agresiva" densificación de Hostafrancs y La Bordeta, exigen un mayor respeto de las zonas verdes y piden pisos adaptados para las personas disminuidas.
