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El Congreso aprueba por unanimidad la ley antidopaje

El texto prevé penas de cárcel para quienes induzcan a doparse

El pleno del Congreso aprobó ayer el proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Salud y de Lucha contra el Dopaje con 300 votos a favor, ninguno en contra y 5 abstenciones. El texto será remitido al Senado, que lo tramitará en septiembre, al ser julio y agosto meses inhábiles. La nueva ley antidopaje prevé, entre otras medidas, inhabilitar a los deportistas dopados entre 2 y 5 años y castigar con cárcel a quienes les induzcan a doparse.

Mano dura contra los deportistas dopados y contra quienes les inducen a doparse. Eso es lo que decidió ayer el Congreso de los diputados al aprobar la nueva ley antidopaje, que corrige una legislación vigente desde hace 15 años y modifica el Código Penal. Los inductores al dopaje se arriesgan a penas de cárcel y los deportistas dopados a inhabilitaciones de entre dos y cinco años. Además, el texto prevé la agilización de los trámites sancionadores, desincentiva el recurso a la justicia ordinaria -para evitar casos como el de Gurpegui, del Athletic, que fue sancionado hace dos años y sigue jugando mientras espera sentencia- e introduce análisis de sangre por sorpresa en plena competición y el control de los botiquines de los médicos.

El lema inspirador de la medida: "Tolerancia cero con el problema del dopaje", según explicó a la Cámara Mercedes Cabrera, ministra de Educación y Ciencia, que logró que el texto fuera aprobado con 300 votos a favor, ninguno en contra y 5 abstenciones. Alcanzar esas cifras pareció por momentos misión imposible.

La presentación de la nueva ley antidopaje se produjo en torno a las 4 de la tarde. Es hora de sobremesa, café y puro: sólo una veintena de diputados se acercó a la Cámara para escuchar a la ministra. La mayoría, sin demasiado interés. Abundaron las llamadas y los mensajes a los móviles. Los abanicos. Y las conversaciones a media voz mientras se sucedían los discursos en el estrado. Demasiado ruido. "Ruego una cierta moderación", pidió la presidencia. "El nivel de murmullo es excesivo y a buen seguro desconcentra a los oradores".

El ruido fue aumentando según fueron llegando los diputados, concentrados al reclamo de las votaciones finales, que decidieron con velocidad de crucero todos los puntos del orden del día. La mayoría se sentaron a tiempo de escuchar las enmiendas al texto, entre las que destacaron las de CIU y el grupo parlamentario vasco.

"Nos tememos que va a haber tensiones a la hora de aplicar esta ley", argumentó su ponente, Esteban Bravo; "porque en algunos casos da la sensación de que los ámbitos competenciales están en una cierta nebulosa. Quiero subrayar el asunto de la denominación de la Agencia. En la Ley de Agencias Estatales es la única que tiene apellidos [en referencia a la Agencia Española Antidopaje]. No entendemos que tenga que serlo aquí. Si las comunidades autónomas pueden crear sus propios organismos antidopaje, estos organismos deben poder integrarse en los organismos internacionales. No parece que los grupos parlamentarios mayoritarios estén por la labor de aceptar esto. Parece que no sólo se pretende impedir la presencia de los niveles autonómicos en la competición internacional, sino que se intenta impedir cualquier otro tipo de representación", sentenció Esteban bajo la atenta mirada de Jaime Lissavetzky, el secretario de Estado para el deporte, quien luego expresó su esperanza de que el consenso alcanzado por la ley "se pueda ampliar también al PNV en el trámite del Senado".

Lissavetzky, principal impulsor de la ley, acudió con puntualidad suiza al Congreso. "Ha sido un proceso de debate a nivel social que creo que ha sido muy importante para conseguir este consenso", dijo sobre el texto, en cuya redacción han participado los ministerios de Educación, Justicia, Sanidad y Consumo e Interior.

"España ha cambiado. Teníamos un país con fama de permisivo en materia de dopaje. Ahora demostraremos que nuestro objetivo es la tolerancia cero. Queremos gran dureza en las sanciones", había dicho Lissavetzky durante la presentación del anteproyecto de la Ley, en octubre, cuando se destacó la creación de la figura del arrepentido -"deportistas que colaboran dando datos sobre quién les suministraba los productos o les aconsejaba para exonerar o disminuir su pena"-. Esa circunstancia atenuante no podrá ser aprovechada por los procesados en la Operación Puerto, que investiga la trama criminal que suministraba sustancias prohibidas a 58 ciclistas, acusados de un delito contra la salud pública.

Una vez terminada la presentación de las enmiendas, se pasó a votar los diversos puntos del día. Para entonces ya había vuelto la mayoría de diputados, que entraron por oleadas, hablando, sin prestar mucha atención a los oradores. Ocupó también su sitio Manuel Marín, el presidente de la Cámara, que se había tomado su tiempo para recuperarse de un debate sobre la economía sumergida y el fraude fiscal en España. Comenzaron las votaciones, que transcurrieron sin mayor problema hasta que llegó el turno de la ley antidopaje. "Se ha quedado", interrumpió Manuel Marín, cuando la pantalla de votaciones se quedó congelada, con los escaños sin señalar el sentido del voto de cada uno de sus ocupantes. "No vale, no vale", insistió. Hubo que volver a votar. Entonces sus señorías salieron disparadas, como accionadas por un resorte, igual que si alguien hubiera dado la orden de salida. Ni siquiera se había anunciado el resultado de la votación. Claro, se confiaba en el consenso. Nadie votó en contra. Y el PP lo hizo a favor: "Cuando nosotros aceptamos apoyar un proyecto es porque se mejora sustancialmente el proyecto inicial. Es la primera vez en toda la legislatura que el Grupo Socialista y el Gobierno han querido llevar a cabo su máxima del talante y del consenso", explicó tras la votación Francisco Antonio González, su portavoz de deportes.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 30 de junio de 2006