Los urbanizadores andaluces aseguran que los políticos les someten a prácticas de extorsión

La Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial salió ayer en defensa del buen nombre del sector tras la segunda fase de la Operación Malaya contra la corrupción municipal en Marbella, en la que han sido detenidos 13 constructores, con una frase tonante: "Deseamos que los poderes públicos actúen con todo rigor para erradicar las prácticas de extorsión a las que, con demasiada frecuencia, se ha visto sometida la actividad empresarial, no sólo en Andalucía. Basta recordar lo denunciado en su día por el entonces ministro Borrell, o el 3% denunciado por el presidente de la Generalitat".

El presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores, Ricardo Arranz, se refería a cuando el entonces ministro de Obras Públicas, Josep Borrell, instó en abril de 1991 a los empresarios de las grandes constructoras "a no pagar comisiones a ningún partido para obtener concesiones de obras", y a cuando Pasqual Maragall acusó a CiU de cobrar comisiones a las empresas para adjudicarles trabajos.

Lo que parecía un anodino comunicado corporativista, con las habituales expresiones de confianza en la Justicia y reivindicaciones de la presunción de inocencia de los empresarios detenidos, contenía una sorpresa en su punto cuarto: la denuncia de las presuntas prácticas de extorsión que dicen sufrir los empresarios.

Arranz, que pretendía que con el comunicado quedara clara la posición de su agrupación, tuvo que dedicar parte de la tarde de ayer a explicar esa afirmación tan grave.

Arranz matizó que "no se puede demonizar a todos los políticos, sino sólo a los corruptos", y afirmó que con ese punto cuarto se busca "abrir el debate sobre si de lo que se habla en los medios es un cohecho de los empresarios o una extorsión a la que les someten los corruptos". Para explicarlo, puso el caso de las licencias de primera ocupación, que según él, se conceden automáticamente después de que los técnicos municipales certifiquen que lo construido se corresponde con lo autorizado en la licencia de obra. "Si el ayuntamiento, que tiene obligación de conceder la ocupación -y muchas veces lo hace por silencio administrativo- pide una cantidad para concederla está extorsionando al empresario, no es un cohecho", aseguró.

El presidente de los urbanizadores compara este chantaje urbanístico al que dicen haberse visto sometidos con el "impuesto revolucionario de ETA" o con "secuestro de una hija". "En Marbella había mucha gente que tenía 600 apartamentos para vender y que tenía encima una deuda con el banco. Para ellos, que les concedieran la licencia era una verdadera cuestión de vida o muerte", aseguró Arranz, que considera que no es lógico que las alarmas no hayan saltado "hasta que a [Juan Antonio] Roca [el supuesto cerebro de la trama de corrupción marbellí] se le hayan encontrado 2.400 millones de euros".

En el mismo comunicado, los urbanizadores pidieron "un esfuerzo solidario y leal" de todas las organizaciones y entidades públicas para "restablecer la imagen" de la ciudad, ya que "ignorar el daño causado es una irresponsabilidad que puede provocar perjuicios a la economía regional".

Arranz aseguró que las entidades bancarias están comenzando a "perder la confianza en la Costa del Sol" y que el sector inmobiliario va a entrar en una crisis como la de los años 1990 y 1991. El presidente de los urbanizadores, en cuya asociación figura como vicepresidente ejecutivo Arturo Moya, que fue coordinador del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella, está convencido de que operaciones policiales como Malaya "van a ralentizar la salida de la crisis".

Finalmente, la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial reclamó que el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa del Sol Occidental y el PGOU marbellí sean aprobados cuanto antes. "Sin estas normas legales imprescindibles, la seguridad jurídica de Marbella y de otros municipios de la costa seguirá siendo insuficiente", consideran.