Dieta de sapos

Mal asunto para el Gobierno cuando los patronos empiezan a compartir los análisis de la oposición. Dicen que entra dentro del sueldo de los políticos el tragarse un sapo cada mañana con la lectura de los periódicos en el desayuno. Pues bien, la pasada semana en el Gobierno valenciano tuvieron, además, merienda de batracios. El miércoles el conseller de Territorio, Esteban González Pons, acudía a la conferencia que pronunciaba el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Francisco Pons, en la Real Sociedad Económica de Amigos del País. En tan ilustre foro Francisco Pons advertía de que el crecimiento de la construcción puede no ser sostenible a largo plazo. En su opinión, la Comunidad Valenciana cuenta con una gran oferta turística y de ocio pero "podemos morir de éxito si no somos capaces de controlar el crecimiento desbordante que este atractivo está estimulando y la desorganizada expansión urbana a que puede dar lugar". Entre los peligros del actual modelo, el presidente de AVE citó la degradación medioambiental, el final de la fisonomía de la ciudad mediterránea ("nuestro principal factor de calidad") y la mala imagen (con o sin razón) para nuestros clientes. Pons criticó también el proceso especulativo en torno al suelo que no sólo encarece el residencial, sino también el suelo industrial.

El jueves el sapo se lo tragaba el conseller de Economía Gerardo Camps, que tuvo que oír cómo el presidente de la Confederación de Empresarios Valencianos (CEV), José Vicente González, se sumaba a las críticas de AVE a la construcción desbordada. El dirigente empresarial aseguraba que "el suelo industrial está a un precio disparatado" y que a la hora de poner un negocio este era el coste más elevado, por encima del coste de la nave o del equipamiento industrial.

El viernes el desayuno con batracios era el plato del día para el pleno del Consell. Ese día el BBVA celebraba por primera vez en Valencia una reunión de su consejo de administración. A su término, el presidente de la entidad financiera, Francisco González, se pronunciaba a favor de que la Comunidad Valenciana avanzara hacia un nuevo modelo turístico e instaba a invertir más dinero en investigación y desarrollo para mejorar la competitividad de su industria.

Nada de lo dicho es nuevo. La oposición y expertos universitarios vienen advirtiendo de ello en los últimos años. Ni AVE, ni la CEV, ni el BBVA son sospechosos de connivencia con los partidos de izquierda, los movimientos de defensa del territorio o los grupos ecologistas. Y sin embargo, el diagnóstico es similar. Hasta la fecha el Gobierno valenciano ha salido al paso de estas críticas descalificándolas como fruto de una conspiración político mediática, cuyo fin sería perjudicar los intereses valencianos. Las invectivas contra la ministra Cristina Narbona han sido constantes desde el Consell y esta misma semana, la secretaria autonómica de la Consejería de Territorio, Cristina Serrano, culpaba al Gobierno de Zapatero y al Partido Socialista del descenso de visitantes británicos a la Comunidad Valenciana. A partir de ahora ¿va a incluir el PP en la conspiración antivalenciana a la CEV, a AVE y al BBVA?

Así las cosas, parece que va instalándose en la opinión pública un consenso generalizado de que hace falta un cambio de rumbo, una alternativa. Sólo el Gobierno valenciano, recluido en su autismo autocomplaciente, parece no haberse enterado. Obviamente, el cambio de modelo no puede ser sólo fruto de la acción gubernamental. Pero aunque el protagonismo corresponda al conjunto de la sociedad civil, es difícil, si no imposible, que se dé sin la acción decidida de los poderes públicos y los correspondientes impulsos inversores. Y aquí es donde el problema se agudiza por partida doble, política y económicamente. No hay voluntad política de dar un giro de timón. Pero además no hay dinero. La deuda, lejos de adelgazar, engorda. Mientras otras comunidades autónomas están reduciendo su endeudamiento, la deuda de la Generalitat valenciana ha seguido creciendo durante el primer trimestre del año y continúa siendo la más alta de toda España en relación con el PIB, un 11,5% frente a la media del 6%. La orientación política puede cambiar tras las próximas elecciones autonómicas, pero el margen de maniobra del Gobierno que salga de las urnas va estar muy condicionado por la hipoteca de la deuda.