Una sentencia avala la tesis de las irregularidades en los impuestos de Lubasa

El portavoz adjunto del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Castellón, Miguel Alcalde, dio a conocer ayer una sentencia que avala la tesis de su grupo sobre las presuntas irregularidades en el cobro de impuestos municipales. Los socialistas denunciaron que el equipo de gobierno estaba utilizando "dos varas de medir" en el pago del impuesto de construcciones, y que mientras todos los promotores liquidaban sobre el 100% del presupuesto de la obra, Lubasa deducía hasta el 85% de algunos epígrafes que componen el presupuesto. La sentencia del Tribunal Supremo hecha pública ayer sostiene que "no puede reducirse la obra sometida a ICIO (Impuesto sobre Construcciones y Obras) a la que integran las partidas de albañilería (cimentación, estructura, muros perimetrales, forjados, cubiertas, tabiquería, etc)". El fallo indica que, al contrario que en el caso de, al menos, las últimas liquidaciones de este impuesto presentadas por Lubasa, el impuesto "alcanza también a aquellas instalaciones, como las de electricidad, fontanería, saneamiento, calefacción, aire acondicionado, centralizado, ascensores y cuantas normalmente discurren por conducciones empotradas, o con aparatos sujetos a las mismas o encastrados, y además sirven para proveer a la construcción de servicios esenciales para su habitabilidad o utilización".

Para Miguel Alcalde, la sentencia del Supremo les da "la razón y deja claro que el equipo de Gobierno ha cometido una barbaridad" al permitir que durante años la empresa realice una liquidación en la que no incluye el coste total de estos elementos, "lo que supone que ha pagado entre un 30 y un 40 % menos, en concepto de dichos impuestos, que el resto de empresas y ciudadanos", sostuvo Alcalde.

Revisión de expedientes

De hecho, la diferencia entre lo que Lubasa ha pagado por este impuesto y lo que debería haber pagado en el caso de no aplicarse las exenciones en las tres últimas obras asciende a 285.000 euros.

Con la intención de "defender los intereses del Ayuntamiento y procurando un trato igualitario para todos los ciudadanos", señaló el portavoz adjuntoa, el grupo del PSPV en el Ayuntamiento de Castellón solicitó ayer en la comisión de Urbanismo el listado de las obras sujetas a licencia desde el año 2000 hasta el 2004 y los expedientes concretos de las obras realizadas entre los años 2004 y 2006 por la empresa que, presuntamente, ha liquidado de forma irregular el ICIO.

El objetivo de los socialistas es realizar un seguimiento "riguroso" de la revisión de los expedientes que va a iniciar, según adelantó la semana pasada en la Comisión de Urbanismo el edil Javier Moliner, "para tener la certeza de que se hace bien", concluyó ayer el portavoz adjunto socialista.