La Cámara urbana de Álava demanda al Gobierno por competencia desleal

La Asociación Cámara de la Propiedad Urbana de Álava, surgida tras la liquidación de la vieja cámara oficial, ha demandado al Gobierno vasco por "intrusismo" y "competencia desleal" y pide al Tribunal Superior "protección de los derechos fundamentales de la persona". En un escrito durísimo, pide el cierre con carácter de "urgencia" de los locales de la cámara urbana, ahora en manos del Gobierno, por prestar servicios fuera de la ley.

Los dirigentes de la cámara urbana privada, interpusieron el pasado día 5 de junio ante la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco un "recurso especial para la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona", al considerar que el Gobierno vasco está manteniendo una actividad "de hecho continuada" que excede su marco competencial.

La batalla entre los nuevos directivos de la Cámara Oficial de la Propiedad llega con este recurso a su punto más alto. Los tribunales vascos tienen sobre la mesa dos demandas de la nueva cámara de Álava -la primera por intentar paralizar el cobro de los recibos- y ya han resuelto otros tres recursos, uno por provincia, sobre el nuevo marco legal que afecta a las cámaras de la propiedad. El 31 de enero de 2006 entró en vigor el decreto 15/2006, que además de liquidar esas instituciones como corporaciones de derecho público, y pasar a ser públicas, regula los servicios que prestará el sector público y el nuevo sector privado. El Tribunal Superior ha respaldado el decreto.

En Álava, la nueva cámara considera que el Gobierno está llevando la defensa jurídica de algunos propietarios, y se están redactando contratos entre particulares. Según citan en el escrito de la demanda, se sigue prestando el servicio a las comunidades de vecinos a pesar de que el Gobierno no lo regula y además se están encontrando con una serie de obstáculos que premeditadamente se organizan desde el Gobierno para alterar al normal desarrollo de su actividad.

Procedimiento defraudador

El escrito de la demanda explica que todos esos hechos son el resultado de "un procedimiento defraudador y usurpador que ya inició el Gobierno vasco" con la aprobación del decreto de liquidación de las cámaras de la propiedad. Para los nuevos responsables de la Cámara, el Gobierno, al prestar esos servicios "que no debe ni puede asumir", y ofertarlos a los propietarios de forma absolutamente gratuita, "podría estar incurriendo en el intrusismo profesional y ejerciendo una competencia desleal al proporcionar servicios que no puede prestar".

Los nuevos regentes de la cámara de la propiedad urbana, que cuentan con el apoyo de un cargo público del PP y de otro ex cargo del PSE, relatan que en la batalla que mantienen con el Gobierno la pelea ha llegado incluso a la recogida de las cartas y las líneas telefónicas.

En el caso del cierre de los locales de la antigua Cámara de la Propiedad, en la calle Pasaje de las Antillas, los demandantes piden el cierre inmediato y urgente para que la nueva cámara pueda desarrollar su trabajo con normalidad.