La violencia machista satura los juzgados

Sobrecarga. Es el término que suelen emplear muchos responsables de la justicia para referirse a los nuevos juzgados especializados en violencia sobre la mujer. Estos órganos, creados en la Ley Integral contra la Violencia de Género, cumplen el próximo jueves su primer año de funcionamiento. Son más de 430, de los que una veintena se dedica exclusivamente combatir el maltrato. La gran mayoría debe seguir atendiendo también otro tipo de causas. En los primeros seis meses de trabajo atendieron en torno a 66.000 denuncias. Alcanzarán "al menos las 120.000 denuncias" en su primer año, afirma la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, Monserrat Comas.

Según los presidentes de los tribunales superiores de justicia, la "tónica general" de estos juzgados son las "serias disfunciones". En el caso de los juzgados exclusivos, por "una carga de trabajo inabarcable". En los que deben encargarse también de otras cuestiones, por "la dificultad" de compatiblizar la violencia -que tiene tratamiento preferente- con los demás asuntos. De ahí que los presidentes pidan más juzgados exclusivos -está previsto abrir nueve más a final de mes- e incrementos de plantilla.

"Los juzgados exclusivos tienen una carga de trabajo importante. En los otros, existen situaciones desiguales", según Comas. Destaca que estos órganos "han acabado con la peregrinación que antes debían hacer las maltratadas por varios juzgados [ahora sólo van a uno] y con la descoordinación de la jurisdicción civil y penal en los casos de maltrato". EL PAÍS ha pedido a varios jueces de violencia que opinen sobre su tarea.

Raimunda de Peñafort Lorente "Portero y centrocampista"

Casi 3.000 denuncias en poco menos de un año, tiempo en el que mesas y armarios se han llenado de expedientes. En el Juzgado número 1 de Violencia de Madrid la "sobrecarga" está a la orden del día. De los días. Su titular, Raimunda de Peñafort Lorente, lo explica en onda futbolera. "El exceso de trabajo nos obliga a trabajar como portero y delantero centro a la vez". Como portero tienen que parar distintos tipos de "penaltis", las tareas que envía la policía: "Siete juicios por mañana o una decena de detenidos, más otras tantas órdenes de protección". Y eso, al tiempo que ejercen de delantero centro al tramitar "10 o 15 denuncias que caen en el juzgado cada día". "Hay que investigarlas y separar lo urgente de lo que no lo parece tanto". Al acabar, tarde, la jornada, Lorente se va a casa "con 20 dramas en la cabeza".

"La sobrecarga demuestra lo necesarios que eran estos juzgados", plantea Lorente. "Lo que no es noticia, por fortuna, es la cantidad de vidas que salvamos o las situaciones de maltrato que remediamos. Los que estamos aquí, empezando por los funcionarios, que trabajan mucho más de lo que corresponde a su retribución, lo sabemos".

La magistrada observa otras dificultades derivadas de una ley cuyo balance le resulta "positivo" -"ha permitido proteger a miles de mujeres"-. "Hay muchas que quieren retirar la denuncia porque tienen miedo, porque les parece más grave ver a su pareja engrilletada que lo que ha pasado a ellas, o por presiones familiares. Pero no pueden hacerlo, porque es un delito perseguible de oficio". Otro problema añadido, a su juicio, es que la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite que la víctima de violencia de violencia machista no declare contra su cónyuge, lo que ocurre "con frecuencia".

"La policía detiene más de lo que debería, quizá por curarse en salud. Debería investigar más antes de hacerlo. Detiene al denunciado por maltrato aunque no se trate de un caso grave. Además, cuando los dos miembros de la pareja se agreden, sólo me traen detenido al hombre. Llevar faldas no puede ser un privilegio", prosigue Lorente. Apenas ha recibido denuncias falsas, "pero sí denuncias erróneas o mal aconsejadas, de mujeres que no distinguen entre el sufrimiento derivado de una ruptura sentimental y el maltrato psicológico". Este último "a menudo es agua entre los dedos, sobre todo por la dificultad de detectarlo y probarlo".

Francisca Verdejo "Objetivos cumplidos"

La juez Francisca Verdejo también está al frente de otro juzgado exclusivo de violencia, el número 2 de Barcelona. Como en otros órganos de este tipo, dispone de equipos psicosociales, fiscales y forenses exclusivos para esos asuntos. "Los objetivos principales que perseguía la ley se han cumplido: hay unos juzgados especializados, se concentran las jurisdicciones civiles y penales en esos casos y se les da una atención diferenciada", asegura Verdejo. "Eso no quiere decir que la ley no sea mejorable y que no sea necesario crear más juzgados", añade. Verdejo cree que en las grandes ciudades debería haber un juzgado exclusivo de guardia las 24 horas del día para estos casos de violencia.

Esta juez atiende entre ocho y diez detenidos al día. Ha de tomar declaración a todos ellos y a las víctimas, que deben ser reconocidas por el forense. Al final, debe celebrar la audiencia y, si se conforma el acusado, dictar sentencia. Verdejo no considera que el Código Penal sea desproporcionado y entiende que cumple una función preventiva. "Ojalá algún día puedan desaparecer estos delitos", afirma.

Ignacio de Torres "Pedir el traslado"

"Me estoy planteando, como muchos compañeros, pedir el traslado. Este destino desgasta mucho y no es el juzgado que deseo". Así se expresa el magistrado Ignacio de Torres, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), que cubre un área de 160.000 habitantes. Denuncia la falta absoluta de medios para aplicar la ley contra la violencia y de planificación de los poderes públicos. De Torres forma parte de esos más de 400 jueces que han de compaginar los asuntos de violencia con los pleitos civiles y penales que llegan a su juzgado. Los primeros son prioritarios y, si hace unas semanas señaló un juicio o una diligencia y la mañana en que ha de realizarla le llegan detenidos por violencia doméstica, tiene que suspender un caso para dedicarse al otro. Con la incertidumbre, además, de desconocer si podrá celebrarse el nuevo día que señale.

Nada asegura tampoco que, una vez en el juzgado, el detenido y la víctima puedan pasar a disposición del juez. Para ello, es imprescindible la presencia del fiscal, no siempre asegurada, y que debe atender otros asuntos. Y tampoco está asegurada la presencia del abogado, al que, en ocasiones, hay que esperar a que finalice otras asistencias. Y es que la ley se está aplicando con los mismos fiscales que antes de su entrada en vigor. De Torres afirma que tiene el juzgado al día a costa de echarle muchas horas y fines de semana.

"Comulgo con el contenido teórico de tolerancia cero contra la violencia, pero la realidad es otra. No siempre hay que aplicar el Código Penal a las parejas que discuten, porque las relaciones humanas son complejas y sucede en ocasiones que, cuando la mujer ve al marido esposado, le pide al juez que le deje en libertad", explica. Cuestiona el principio de proporcionalidad del Código Penal y el exceso de castigo que, en su opinión, existe para algunas conductas. "Se traslada al juez la responsabilidad de resolver el maltrato y lo que ocurre a diario es que con un envoltorio semejante de denuncia, el contenido puede ser muy distinto". La investigación lleva tiempo y el juez está absolutamente solo, sin medios.

Alejandro Galán Lunes, "el peor día"

Los lunes son "el peor día" de los jueces de violencia, ya que deben hacerse cargo de los casos acumulados en fin de semana, relata Alejandro Galán, titular del juzgado número 6 de Alcorcón (localidad de 162.000 habitantes en la periferia madrileña). Los primeros seis meses llevó al día todos los asuntos de su juzgado mixto. Luego llegó la saturación. Le acaban de aliviar el trabajo y a medio plazo confía en llevar todo "a velocidad de crucero". Pero los días con juicios civiles está "en ascuas". "Nunca sé si podré atenderlos. Puede llegar un caso de violencia, y tiene prioridad".