La reforma del Consejo Escolar recortará el peso de la enseñanza privada

El Gobierno recortará el peso de la enseñanza privada en el Consejo Escolar del Estado, el máximo órgano de representación de la comunidad educativa. El borrador para reformar este organismo amplía el total de consejeros, que pasa de 81 a 108, un aumento del que no se benefician los profesores de la enseñanza privada. Al contrario, pierden miembros mientras los ganan en la pública. Al sindicato mayoritario de la privada, la FSIE, esto le parece una "maniobra sin sentido". La reforma incorpora a los 17 presidentes de los consejos escolares autonómicos.

El Ministerio de Educación ha redactado el borrador definitivo para reformar el Consejo Escolar del Estado, que preside Marta Mata, un órgano consultivo donde está representada la comunidad educativa (profesores, padres, alumnos) y las fuerzas sociales (sindicatos, patronales) así como personalidades de reconocido prestigo en el ámbito de la enseñanza. En el texto, que se entregará a los consejeros para su debate, pierden fuerza los profesores de la enseñanza privada, que pasan de ocho a seis, justo los dos que ganan los docentes de la pública, que ahora tendrán 14 representantes. "Esto es una maniobra sin sentido porque el porcentaje de la red pública y la privada es prácticamente el mismo. Estamos en absoluto desacuerdo. A nosotros puede que no nos afecte, porque somos mayoritarios en el sector, pero el mensaje es que quieren potenciar la enselanza pública", explicó Francisco Vírseda, de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza, FSIE.

Tampoco le parece bien a Adrían Martín, responsable de Enseñanza en el sindicato USO. Ellos sí podrían perder alguno de lo suyos en el consejo. "No entendemos el cambio", dijo. Para la UGT, sin embargo, "la adecuación del número de consejeros al peso real de ambas redes educativas es correcto", explicó Carlos López. UGT es el segundo sindicato con más presencia en la red privada concertada.

Para el Ministerio de Educación "esta propuesta responde a los índices estadísticos en vigor en España, es el reflejo de esa proporción, son datos fríos", defendió el subsecretario de Educación, Fernando Gurrea.

Quizá este no sea el único dato para la discusión. No todos los consejeros están de acuerdo con la inclusión en el consejo de los 17 presidentes de los consejos escolares autonómicos. Los presidentes tendrán voz y voto en el pleno y formarán una comisión Territorial con funciones similares a las encomendadas a la comisión Permanente, la única que existía hasta ahora en el organismo. La Permanente está compuesta por una representación de todos los grupos integrados en el consejo a la que ahora se sumarán cuatro presidentes de los autonómicos. Esta comisión es la encargada de elaborar los informes sobre el sistema educativo español, que después pasan a pleno para su debate y aprobación. Pues bien, la comisión Territorial tendrá prácticamente las mismas funciones, incluida la de elaborar informes que se trasladarán al pleno. La incorporación de los 17 presidentes ha desatado las suspicacias de las numerosas organizaciones que lo componen; a algunas no les convence que un consejo de carácter estatal se territorialice, máxime, dicen, cuanto se trata de presidentes elegidos por las Administraciones regionales, que pueden no tener que ver con la comunidad educativa. Otros, sin embargo, consideran que, transferidas las competencias educativas, tiene todo el sentido que se sumen al consejo, pero temen que 17 votos puedan descomponer el equilibrio de fuerzas actual y no dejar de oír la voz de la comunidad educativa sino de los Gobiernos que los nombraron. Junto a estos presidentes entrarán cuatro consejeros a propuesta de los ayuntamientos.

Mujeres y discapacitados

El nuevo proyecto da cabida también a una representante de las organizaciones de mujeres con implantación estatal, otra del Instituto de la Mujer y dos personalidades de reconocido prestigio en la lucha para la erradicación de la violencia de género, propuestas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Y se incorpora además un consejero por parte de las organizaciones de discapacitados y cuatro consejeros del grupo de las personalidades de reconocido prestigo deberán pertenecer a "equipos directivos de centros públicos con proyectos participativos".

La representación de los padres y de los alumnos, más complicada que la de los profesores, que se rige por las elecciones sindicales, se determinará a partir de las asociaciones "con mayor representatividad". El borrador no especifica los criterios para determinar esa representatividad, pero ya no aparece la coletilla "en función del número de afiliados", como se recoge en la normativa actual.