El juez Marlaska ordena detener a dos empresarios por pagar la extorsión de ETA

El juez Fernando Grande-Marlaska ordenó detener ayer a dos empresarios navarros que supuestamente habían pagado este año la extorsión del impuesto revolucionario de ETA. Los nombres de los dos empresarios, socios en una empresa de construcción, supuestamente figuraban en el único recibo hallado en la operación desencadenada el martes pasado contra el entramado financiero de ETA, en el que fueron detenidas 12 personas. Los arrestados son J. J. A. N. y J. M. S. C., que serán trasladados en las próximas horas a Madrid para quedar a disposición de la Audiencia Nacional.

Los constructores están acusados de contribuir a la financiación de la banda terrorista

El magistrado del Juzgado de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional dio ayer la orden de detener a los dos empresarios, acusados de colaboración con banda armada, por contribuir a la financiación de ETA. Los nombres de ambos figuraban en un recibo hallado en el domicilio de Bayona de José Luis Cao. Las fuentes consultadas aseguran que los dos empresarios habían abonado en mayo unos 60.000 euros, correspondientes a una deuda aplazada por una carta de extorsión de 2001. Ése fue el único documento localizado en relación con el pago del impuesto revolucionario durante la operación desencadenada por el juez Grande-Marlaska el martes pasado, en coordinación con la juez francesa Laurence Levert.

La orden, según las fuentes consultadas, había sido cursada inicialmente de forma verbal por el propio juez a la policía, que reclamó que se la pusiera por escrito. Ayer por la tarde, Grande-Marlaska entregó un escrito a los agentes, ordenando la detención inmediata de los dos empresarios navarros. La detención se produjo ayer por la tarde, una vez que los empresarios fueran localizados en sus propios domicilios. Estaba previsto que el traslado a la Audiencia Nacional se realizara ayer mismo por la noche. Sin embargo, al cierre de esta edición aún no se había confirmado el traslado.

Las detenciones han sorprendido en medios policiales y judiciales, que hubieran preferido que los empresarios fueran citados como imputados y no como detenidos. Las investigaciones iniciadas por el juez Baltasar Garzón, a quien sustituye Grande-Marlaska en la Audiencia Nacional, llevaron a citar como imputados a varios empresarios de la empresa Azkoyen. También el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu citó a declarar a los conocidos cocineros vascos Juan María Arzak y Pedro Subijana, a los que el presunto miembro de ETA Juan Luis Beotegui acusó tras su detención de haber pagado el impuesto revolucionario. A los primeros citados por Garzón les fueron impuestas altas fianzas para quedar en libertad.

Los especialistas en antiterrorismo no recuerdan que anteriormente se hubiera ordenado una detención de estas características. Sí se acuerdan de que a lo largo de los años han sido miles los empresarios que por miedo insuperable ante la amenaza de ser asesinados ellos o sus familiares, accedieron a abonar el impuesto revolucionario, como también lo hacen los propietarios de pequeños comercios de Euskadi y Navarra.

La decisión de Grande-Marlaska es consecuencia de la operación del pasado martes, cuando efectivos de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía y de la División Nacional Antiterrorista francesa, integrados en un Equipo Conjunto de Investigación, detuvieron a 12 personas presuntamente vinculadas al aparato de finanzas de la organización terrorista ETA. La red de extorsión operaba en Francia y España desde hace 20 años, y su cometido era la gestión y recaudación del impuesto revolucionario, exigido a empresarios e industriales del País Vasco y Navarra.

La operación estaba directamente relacionada con las investigaciones que durante los dos últimos años se han desarrollado en España y Francia por un equipo conjunto de investigación creado en torno a las actividades criminales desarrolladas por ETA. Las pesquisas de la policía tenían su origen en el sumario abierto en 1998 en la Audiencia Nacional en una investigación judicial impulsada por el juez Baltasar Garzón.

Las pesquisas de las policías permitieron descubrir que los detenidos se dedicaban a coordinar y canalizar las peticiones exigiendo el pago del impuesto revolucionario a los empresarios españoles, operando en el sur de Francia y también en España. Estas funciones las realizaban Cau Aldanur, Larrañaga Arando, Uriarte Díaz de Guereñu, Sagarzazu Olazaguirre y Badiola Zabaleta, bajo la dirección de Iturbe Abasolo. Los cinco detenidos en España se dedicaban a labores de intermediación de la red de extorsión, que consistían en establecer contacto con los extorsionados, activar el proceso de negociación, articular plazos y vías seguras de pago, entregar los recibos, distribuir y poner en circulación las cartas de extorsión y, en algunos casos, recibir el dinero, actuando también como "enlaces". Estas actuaciones, según la investigación policial, las desarrollaban Elosua Urbieta, Luquin Vergara y Harocarene Camio.

La investigación también sostiene que el dinero recaudado se hacía desaparecer de manera ilícita y clandestina de los circuitos financieros regulares fiscalizables en España, trasladándolos a paraísos fiscales. En la operación policial se practicaron 14 registros en la provincia de Guipúzcoa y dos en la de Alicante, y se procedió al embargo de bienes patrimoniales con un valor estimado en la actualidad superior a los 700.000 euros, entre ellos un establecimiento de hostelería regentado por Elosua Urbieta, cuya clausura ordenó el juez Grande-Marlaska, así como otros inmuebles presuntamente adquiridos en su día con los beneficios obtenidos del pago de las extorsiones. Por otra parte, el magistrado ordenó bloquear los saldos de más de medio centenar de cuentas bancarias domiciliadas en entidades financieras españolas y francesas, cuya naturaleza está siendo investigada.

Por otra parte, Grande-Marlaska decretó anoche el ingreso en prisión condicional e incomunicada de José Carmelo Luquín Vergara por presunto delito de integración o colaboración con banda armada. Según fuentes de la Audiencia, Luquín, el segundo de los detenidos de la red de extorsión de ETA que ha declarado ante el juez, confesó haber enviado cartas de extorsión y recibido dinero. El fiscal pidió prisión para él y el juez la decretó. A mediodía de hoy comenzarán a declarar los restantes tres detenidos restantes de la red de extorsión.