"Allegamiento de fondos a una organización terrorista"
La imputación de empresarios por el pago a la organización terrorista ETA del denominado impuesto revolucionario (extorsión económica) se ha producido en varias ocasiones
a lo largo de los últimos 20 años. Los principales casos investigados por la Audiencia son los siguientes:
- Los 'papeles de Sokoa'. La primera investigación en profundidad de la Audiencia Nacional se produjo como consecuencia de la documentación encontrada por la policía francesa en la cooperativa Sokoa, en Hendaya.
Las personas que pagaban entonces el impuesto revolucionario fueron citadas a declarar ante el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, con el fin de esclarecer los pagos realizados a la organización terrorista.
La inmensa mayoría de las personas citadas por el juez Carlos Bueren eran industriales vascos. La identidad de los empresarios que pagaron no fue facilitada por motivos de seguridad, ya que el propio juez estimó que los declarantes corren un peligro serio y real. Al final de la investigación, el juez no procedió contra los empresarios.
- 'Caso Azkoyen'. El juez Baltasar Garzón decidió en abril de 2004 imponer una fianza de 20.000 euros a cada uno de los cuatro ex consejeros de la empresa Azkoyen por haber accedido en el consejo de administración a pagar a ETA tras recibir una carta amenazante. El juez les imputó un delito de "allegamiento de fondos a una organización terrorista" porque el consejo de administración de Azkoyen, del que formaban parte, accedió a pagar 222.000 euros a ETA. El juez llegó a esta conclusión tras analizar la documentación intervenida al responsable del aparato militar de ETA en la que se mostraba "satisfecho" porque Azkoyen había liquidado la "deuda" que mantenía con la banda terrorista. En esa documentación, había un escrito del aparato de administración económica de ETA donde se podía leer: "Quitar de la lista a Azkoyen, ya que han liquidado la deuda que mantenían con nosotros".
- Cocineros. El juez Fernando Andreu citó como imputados en noviembre de 2004 a los cocineros vascos Juan María Arzak y Pedro Subijana después de que el etarra Juan Luis Beotegi declarara que ambos habían pagado el impuesto revolucionario.
El juez citó a los cocineros para que pudieran defenderse de las acusaciones de Beotegi. Tras escuchar a Arzak y Subijana, Andreu no procedió contra ellos. También Garzón imputó a otro conocido cocinero por el mismo motivo.
