Los ecologistas recurren ampliar el puerto de Campomanes

Ecologistes en Acció, WWF-ADENA y Greenpeace han presentado conjuntamente ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana un recurso contencioso administrativo contra el proyecto de ampliación y explotación del puerto deportivo Luis Campomanes de Altea, (Marina Baixa) por las "graves infracciones del procedimiento legal y por los graves impactos ambientales".

En el recurso se afirma que se ha vulnerado la legislación medioambiental, la Ley de Costas, y la legislación urbanística y comunitaria en la concesión administrativa para su ampliación y explotación, así como la adjudicación a la empresa Marina Greenwich. El proyecto contempla duplicar el número de amarres, de 520 a 1.062, y crear una zona comercial de 16.000 metros cuadrados. Aunque la intención de los promotores era que el puerto estuviera en pleno funcionamiento este año, coincidiendo con la Copa América, los trabajos se han bloqueado al fracasar las pruebas realizadas en mayo de 2005 de trasplante de muestras de posidonia (algas marinas). Costas condicionó la ejecución del proyecto al éxito del traslado y salvamento de este bosque marino de gran valor que quedaría sepultado con la ampliación, pero según los ecologistas, tres informes distintos han confirmado sus argumentos y las escasas posibilidades de supervivencia de las plantas, lo que mantiene en punto muerto la ampliación.

El recurso al TSJ se fundamenta en informes elaborados por las Universidades de Alicante, Almería y las Islas Baleares. El primero de ellos indica que se destruirían decenas de hectáreas de praderas de posidonia y se verían gravemente afectadas las playas situadas junto al puerto. El portavoz de Ecologistes en Acció, Carlos Arribas, destacó que la empresa promotora "no ha aportado el preceptivo estudio de impacto ambiental de la solución finalmente elegida para el puerto", y que la consejería de Territorio "no ha evaluado correctamente ni los impactos ambientales ni el estado de las praderas de posidonia existentes". El trasplante de matas de posidonia es, a juicio de Arribas, "una pretensión insostenible que está condenada al fracaso, dada la dificultad de reimplantación y agarre de esta especie". Ecologistes en Acció destaca además la "inviabilidad económica de la solución", ya que el coste de tal actuación puede alcanzar, según sus cálculos, del orden de entre 200 y 400 millones de euros.

"Graves infracciones"

En el recurso también constan las "graves infracciones" que se han producido en el procedimiento, ya que "se ha omitido notificar a los interesados personados en el procedimiento respecto de los trámites que se han ido sucediendo, con la indefensión jurídica que ello implica", explica Carlos Arribas. Entre las irregularidades que denuncian figura la omisión de la realización de los trámites de información pública y el incumplimiento del procedimiento de evaluación de impacto ambiental.